Fernando Moctezuma Ojeda.
El sistema judicial mexicano ha estado en el centro de una intensa discusión política en los últimos años, especialmente con la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A tan solo unos meses de la primera elección judicial prevista para junio, el debate sobre esta reforma está lejos de resolverse, y su impacto será determinante en la independencia del Poder Judicial y la calidad de la democracia en el país.
Desde su propuesta, la reforma judicial ha generado un profundo debate. Los defensores de esta iniciativa argumentan que la elección popular de los jueces podría democratizar el sistema judicial, acercándolo a la ciudadanía y aumentando su legitimidad. Sin embargo, la cuestión fundamental es si la democratización de la justicia puede ser alcanzada sin sacrificar la independencia y la profesionalización de quienes integran el Poder Judicial.
En este contexto, la dirigencia de Morena ya ha comenzado a trazar las líneas estratégicas para garantizar una alta participación ciudadana en la jornada electoral. Con un objetivo claro de movilizar a al menos 20 millones de personas, el partido guinda ha comenzado a distribuir cuotas de participación entre los estados, con la Ciudad de México como uno de los centros neurálgicos de la operación. Este esfuerzo, que busca imitar el éxito de la revocación de mandato de López Obrador, se enfrenta a retos logísticos y, sobre todo, a la falta de un incentivo directo para que la ciudadanía participe.
El riesgo de politización del proceso es evidente. Aunque se presenta como una medida para fortalecer la legitimidad del sistema judicial, la elección popular de jueces podría terminar comprometiendo la imparcialidad que debe regir las decisiones judiciales. La dependencia de los jueces de los votantes, que en muchos casos podrían ser movilizados por intereses políticos específicos, podría abrir la puerta a presiones externas que socaven la autonomía judicial.
Por un lado, los defensores de la reforma señalan que la elección judicial podría contribuir a una mayor participación ciudadana. Al involucrar directamente a la sociedad en la selección de sus jueces y magistrados, se espera que las y los ciudadanos se sientan más conectados con el sistema judicial y sean más conscientes del papel crucial que juega este poder en la democracia. La elección popular, argumentan, puede ser un mecanismo para fortalecer la confianza pública en la justicia.
Adicionalmente, la reforma busca aumentar la legitimidad del Poder Judicial al permitir que los ciudadanos tengan una voz activa en la selección de sus jueces, algo que se considera fundamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del sistema judicial. Esta es una de las principales banderas de la 4T, que ve en la reforma un paso hacia la “democratización” del país.
Sin embargo, los críticos de la reforma advierten que esta podría socavar la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. En un sistema donde los jueces son seleccionados por méritos profesionales y no por el apoyo popular, se garantiza que sus decisiones se basen en criterios legales y no en presiones externas. Al ser elegidos por voto popular, los jueces podrían estar sujetos a las demandas políticas del momento, lo que afectaría su imparcialidad y autonomía.
Además, la reforma no garantiza que los jueces seleccionados sean los más capacitados para el cargo. En muchos países, la carrera judicial ha demostrado ser un proceso eficiente para seleccionar a los jueces más cualificados, al basarse en un sistema meritocrático que prioriza la experiencia y el conocimiento legal. Reemplazar este sistema con uno electoral podría traer consigo una erosión de la calidad profesional del Poder Judicial.
Un factor que preocupa profundamente a expertos y opositores a la reforma es la posibilidad de que el proceso electoral judicial sea capturado por intereses políticos. En lugar de centrarse en la formación profesional y la capacidad judicial, los jueces podrían estar más enfocados en conseguir el apoyo de actores políticos poderosos para asegurar su elección. Este fenómeno podría debilitar aún más la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, que ya enfrenta una percepción de corrupción y falta de transparencia.
En un país donde la política y la justicia han estado históricamente entrelazadas, este riesgo es particularmente grave. La justicia debe ser imparcial y no estar al servicio de ningún grupo político, pero la reforma podría poner en peligro este principio fundamental.
Otro aspecto que no puede ser pasado por alto son los retos logísticos y económicos de la reforma. La implementación de la elección judicial implicaría un cambio radical en la estructura del Poder Judicial, lo que requeriría la remoción de los actuales jueces y magistrados. Esto no solo representaría un desafío organizativo sin precedentes, sino también un costo significativo para el gobierno, que tendría que lidiar con el pago de indemnizaciones y otros gastos relacionados con la transición.
Si bien la reforma ha sido promovida como una medida para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial, la falta de preparación en términos logísticos podría convertirla en una carga administrativa, lo que pone en duda su viabilidad.
La elección judicial en México es un tema complejo que enfrenta desafíos tanto políticos como logísticos. La propuesta de reforma judicial de la 4T busca democratizar el sistema judicial, pero las implicaciones de esta reforma sobre la independencia judicial, la profesionalización de los jueces y la autonomía del Poder Judicial son preocupantes.
Para avanzar en un proceso que sea realmente efectivo, es esencial un diálogo nacional inclusivo que considere las opiniones de expertos en derecho, representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Solo a través de un consenso amplio se podrá garantizar que el sistema judicial mexicano no solo sea más democrático, sino también más eficiente y profesional.
Además, debe garantizarse la transparencia y la profesionalización en el proceso de selección judicial, así como la creación de mecanismos que aseguren que los jueces sean seleccionados con base en su capacidad y experiencia, y no en sus vínculos políticos.
APUNTES CLAVE:
CNOP: Fuensanta Guerrero asumió este fin de semana la Secretaría General de la Confederación Nacional de Obreros Populares (CNOP), convirtiéndose en la persona más joven en ocupar este cargo y la quinta mujer en liderar el sector popular del PRI. Durante su toma de protesta, destacó la importancia de la unidad y el fortalecimiento del sector, así como la necesidad de modernizar el partido y acercarlo a la ciudadanía. Guerrero Esquivel ha sido Diputada Federal por Zacatecas desde 2021 y se ha enfocado en temas como la participación juvenil, educación y derechos sociales. Su liderazgo estará centrado en el trabajo de base y el activismo político. //AZCAPOTZALCO: La cadena ‘Bisquets Obregón’ informó que dará seguimiento a la indemnización de la familia de Óscar “N”, trabajador fallecido en una de sus franquicias en Azcapotzalco. La empresa está esperando los resultados de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar responsabilidades. Aunque aún no hay un dictamen final, la empresa ha iniciado el proceso de indemnización conforme a la legislación laboral y está en contacto con la familia. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer las causas del deceso y cualquier responsabilidad legal. //UNIDAD: Los gobiernos de Puebla, Veracruz y Oaxaca reforzaron su compromiso con el combate a la delincuencia y la cero impunidad, mediante un convenio que busca garantizar la seguridad en la región. Este acuerdo, respaldado por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, también resalta la coordinación entre estos estados, unidos por lazos culturales e históricos. Los mandatarios de los tres estados, incluyendo a Rocío Nahle de Veracruz y Alejandro Armenta de Puebla, destacaron que la seguridad y la paz son fundamentales y no serán negociables. Además, resaltaron la importancia de trabajar de la mano con la Federación para combatir la inseguridad en las zonas limítrofes. // TOROS: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una propuesta para reformar el espectáculo taurino, con el fin de prohibir la violencia contra los animales en las corridas de toros sin afectar los empleos del sector. La iniciativa incluye la creación de un “espectáculo taurino libre de violencia”, que prohibirá la muerte del toro y el uso de objetos punzantes. Además, se limitará el tiempo de cada corrida y se buscará un consenso entre legisladores, organizaciones defensoras de los animales y la industria taurina. Brugada destacó la importancia de la protección animal en la Ciudad de México y subrayó que la tauromaquia debe evolucionar –o desaparecer diría yo–.
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