Raúl Flores Martínez.
En un acto de autoritarismo digno de una dictadura y no de un gobierno democrático, el alcalde de Cadereyta, Nuevo León, Carlos Rodríguez (Movimiento Ciudadano), mostró su rostro más prepotente al ordenar la expulsión violenta de la reportera Ana Ronquillo durante una sesión de Cabildo.
Lo que debería haber sido un ejercicio transparente de gobierno terminó convertido en una escena de abuso de poder, cuando policías municipales, bajo órdenes directas del edil, sacaron a la periodista e incluso la esposaron para evitar que hiciera preguntas incómodas.
El incidente, ocurrido ante la mirada atónita de los presentes, es una violación flagrante a la libertad de prensa y un atentado directo contra el derecho constitucional de informar y ser informado.
La expulsión de Ronquillo no solo refleja el talante autoritario de Rodríguez, sino que también exponen la fragilidad de las instituciones democráticas cuando un funcionario público cree que puede actuar como si Cadereyta fuera de su feudo personal.
La actitud de Rodríguez deja claro que el alcalde no está dispuesto a tolerar el escrutinio público ni las preguntas incómodas que todo servidor público debería estar obligado a responder. Pero lo más preocupante es el uso de la fuerza pública para reprimir a la prensa, un acto que recuerda a épocas oscuras de censura y represión que creíamos superadas.
Este abuso de poder no puede quedar impune. La Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación inmediata por violación a la libertad de prensa y abuso de autoridad.
Si las autoridades federales permiten que este acto quede sin consecuencias, estarían sentando un peligroso precedente que permitiría a cualquier político de pueblo silenciar a la prensa con total impunidad.
Carlos Rodríguez no solo ha demostrado ser incapaz de manejar la crítica, sino que ha dejado claro que, para él, el poder está por encima de la ley y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La sociedad civil y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión deben alzar la voz y exigir que se haga justicia. La prensa libre es un pilar de la democracia, y ningún alcalde autoritario debe tener el poder de socavarla.
La expulsión de Ana Ronquillo es un golpe directo a la libertad de prensa y un síntoma de un problema mayor: la impunidad con la que muchos políticos locales creen que pueden actuar.
La pregunta ahora es: ¿Permitiremos que esta afrenta quede sin consecuencias o defendamos el derecho a una prensa libre y crítica?
