Por. Raúl Flores Martínez
La estrategia del gobierno mexicano de extraditar a los principales capos del narcotráfico a Estados Unidos no es nueva, pero en tiempos de la 4T podría traer efectos colaterales imprevisibles.
Si bien entregar a los líderes del crimen organizado a la justicia estadounidense es visto como una forma de cooperación bilateral y presión para debilitar las estructuras criminales, esta decisión también rompe con códigos de honor que regían dentro de los cárteles, lo que podría generar nuevas fracturas y un reacomodo violento en el mapa del narcotráfico.
Históricamente, las organizaciones criminales han operado bajo ciertos códigos internos que, aunque despiadados, mantenían cierto equilibrio dentro del submundo del narcotráfico.
Uno de esos códigos implícitos era la protección de sus líderes en territorio nacional. Durante décadas, gobiernos mexicanos de distintos signos políticos optaron por arrestar a los capos, pero sin entregarlos de inmediato a Estados Unidos, permitiendo así negociaciones, acuerdos y un margen de maniobra política.
Sin embargo, la política de extradición acelerada implementada en los últimos años ha sido percibida como una traición dentro de las estructuras criminales.
Desde la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017, hasta la reciente entrega de figuras clave como Ovidio Guzmán en 2023, los viejos códigos han quedado en entredicho.
Esto ha generado un ambiente de desconfianza y traición entre los grupos delictivos, lo que podría desatar ajustes de cuentas, traiciones internas y un aumento en la violencia.
La fragmentación de los cárteles ha sido una constante en los últimos años. Cada vez que un líder es capturado o extraditado, sus lugartenientes entran en una lucha por el control de la organización, lo que genera más violencia en distintas regiones del país.
Con la extradición de capos que gozaban de un cierto liderazgo y respeto dentro del crimen organizado, se abre la puerta a nuevos actores, muchos de ellos más violentos y sin las antiguas estructuras jerárquicas.
El caso más reciente es el del Cártel de Sinaloa, que ha visto cómo la detención y extradición de algunos de sus líderes ha derivado en enfrentamientos entre facciones internas.
La lucha entre “Los Chapitos” (hijos de El Chapo Guzmán) y otros grupos dentro del mismo cártel ha llevado a una ola de violencia en estados como Sonora y Baja California.
La ausencia de estos líderes en México no significa que sus organizaciones desaparezcan. Al contrario, muchas veces éstas siguen operando bajo el mando de segundos al mando o nuevos líderes que buscan consolidar su poder con estrategias aún más agresivas.
Si las extradiciones continúan generando fracturas en los cárteles y, como consecuencia, más enfrentamientos, el discurso gubernamental de pacificación podría verse debilitado.
Además, algunos sectores dentro del crimen organizado podrían interpretar estas extradiciones como una traición del gobierno mexicano, lo que podría derivar en represalias directas contra las fuerzas de seguridad o incluso contra funcionarios.
La extradición de líderes del narcotráfico es una vieja deuda con Estados Unidos que México ha estado pagando a un costo elevado.
Más allá de los beneficios políticos y diplomáticos, las consecuencias en el panorama criminal del país pueden ser devastadoras. La ruptura de códigos de honor dentro del crimen organizado no solo genera desconfianza y traiciones, sino que también puede desembocar en una nueva ola de violencia.
En este ajedrez de poder, México se encuentra en una encrucijada: seguir entregando capos a Estados Unidos y enfrentar las consecuencias internas, o replantear su estrategia en un intento por controlar el caos que estas decisiones están desatando.
