Rubén Cortés.
La tómbola de Noroña eligió María Estela Ríos, consejera jurídica de López Obrador, como candidata a estar en la Corte junto a Lenia Batres, tras la elección judicial del próximo 1 de junio. Ah, y a un sobrino de Olga Sánchez Cordero, para el Tribunal Electoral.
A la par que la mano santa de Noroña decidía el destino jurídico de México en favor de allegados a López Obrador; en Estados Unidos empezaron a repartir una guía para asesorar a empresarios, ante la reforma judicial de México.
Y, encima de la tómbola y la guía, la Casa Blanca evaluará mensualmente al gobierno de México, para decidir si impone aranceles de 25%, a cambio de que le mantenga miles de militares en la frontera, para frenar la migración y el tráfico de drogas.
O sea, que en buena parte de sus facetas, la vida nacional está un poco en una tómbola. El Centro Cyrus R. Vance por la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, difunde la “Guía para empresas sobre la reforma judicial en México: implicaciones y riesgos”.
El documento circula entre empresarios vinculados o con interés en México. Dice la guía:
La sustitución completa de todas las personas juzgadoras federales y locales que tendrá lugar en 2025 y 2027, así como la modificación estructural a la composición de todas las judicaturas a nivel nacional elimina la experiencia de juezas y jueces que poseen años de conocimiento técnico sobre sus materias, sobre la legislación procesal, sobre los precedentes construidos a lo largo del tiempo, y lo sustituye con personas que no tienen experiencia jurisdiccional en la materia que ejercerán en el cargo.
Es una manera fina de referirse a la tómbola, en la que tuvieron suerte Jaime Santana y José Artemio Zúñiga, involucrados en la investigación abierta contra el exministro Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial Federal.
Y de María Gabriela Sánchez García, excompañera del senador Enrique Insunza, vinculado con el gobernador Rubén Rocha, de Sinaloa, el cual fue señalado directamente por el Mayo Zambada de tener vínculos con él mismo, y otros grupos del crimen organizado.
O Maday Merino, relacionada con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, desde el 2018, cuando era consejera-presidenta del Instituto Estatal Electoral en Tabasco, donde fue acusada de favorecer a Adán Augusto en la elección estatal.
También están Ana Patricia Briseño, vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa; y Jorge Sánchez Cordero, sobrino de la diputada y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El Centro Cyrus R. Vance pregunta cómo afectaría la reforma a los inversores. Pero ya no sirve preocuparse.
Todo será según ocurrencias del poder. Y punto.
