Raúl Flores Martínez.
El actual gobierno morenista, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de críticas por su defensa a gobernadores afines que han sido severamente cuestionados por sus propios ciudadanos.
Este patrón de protección ha generado descontento y preocupación entre la población, que ve cómo la impunidad y la falta de rendición de cuentas se perpetúan en diversas entidades del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien enfrentó numerosas críticas durante su mandato por la creciente inseguridad y la falta de resultados en temas clave como la economía y la salud. A pesar de las evidencias y las voces de los veracruzanos, el gobierno central mantuvo su respaldo incondicional.
Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, también ha sido objeto de controversia. Su administración ha sido señalada por la falta de transparencia y la ineficacia en el manejo de la seguridad pública. Los colimenses han expresado su descontento en múltiples ocasiones, pero nuevamente, la respuesta del gobierno morenista ha sido de apoyo y defensa.
Recientemente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha llevado a la entidad a un punto de quiebre en términos de inseguridad. Los sinaloenses viven en un estado de constante temor debido al aumento de la violencia y la criminalidad.
A pesar de las crecientes demandas de destitución y las pruebas de su incapacidad para manejar la situación, el gobierno de Sheinbaum ha optado por protegerlo.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué se necesita para que este gobernador sinaloense sea destituido? La respuesta no es sencilla. En teoría, la destitución de un gobernador puede ser solicitada por el Congreso del Estado, siempre y cuando existan pruebas contundentes de mal desempeño, corrupción o violaciones graves a la ley.
Sin embargo, en la práctica, la influencia política y los intereses partidistas suelen obstaculizar estos procesos.
La ciudadanía debe seguir alzando la voz y exigiendo transparencia y justicia. Solo a través de la presión social y la vigilancia constante se podrá lograr un cambio real y poner fin a la protección de gobernadores cuestionados.
