México.- La diputadas de MC, Iraís Virginia Reyes de la Torre y Laura Ballesteros Mancilla, exhortaron a la Semarnat a qué explique las razones por las que no han revocado los permisos otorgados en favor de la empresa Zinc Nacional para operar como planta procesadora de residuos de acería en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Asimismo, pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que solicite, urgentemente, una investigación exhaustiva periódica sobre el cumplimiento o no de las disposiciones jurídicas aplicables a esta compañía, a fin de fincar responsabilidades y revertir el deterioro ambiental.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la Comisión Permanente, la diputada Iraís Reyes de la Torre sostuvo que, de acuerdo con diversas investigaciones, México se ha vuelto el basurero tóxico de Estados Unidos, pues es el principal destino para el envío del más del 50 por ciento de residuos peligrosos.
“La zona metropolitana de Monterrey es donde se recibe la mayor parte de los residuos peligrosos para la salud. Nuestras infancias, así como vecinos y vecinas, están en contacto con sustancias provenientes de la empresa Zinc Nacional, que son altamente contaminantes, ya que, en su interés de obtener zinc, manda a la atmósfera plomo, arsénico y otros metales pesados peligrosos”, señaló.
Dijo que en los barrios aledaños a esta compañía se observan partículas y sustancias que provienen de ésta y la gente está en contacto con este polvo en los parques, en las calles y avenidas. “De hecho salió un estudio que revela que 3 mil 500 niños tienen niveles altos de plomo en su sangre”.
“El Gobierno Federal no puede ser permisivo de que Estados Unidos nos mande todo este mugrero y que las empresas, legislativamente, no tengan ninguna responsabilidad porque en el momento en que envías estos deshechos a México, es éste quien se hace responsable de la basura de Estados Unidos”, señaló.
Por ello, reiteró su exhorto a que la Profepa realice una verdadera auditoría, de manera permanente, porque ya la han hecho e incluso, clausuró la empresa; sin embargo, denunció, sigue operando. “No podemos permitir que esta empresa siga operando sin parámetros de salud, porque al final quienes respiramos ese aire contaminado y sufrimos las consecuencias, somos las y los mexicanos”, recalcó.
Expuso que existen normas en México para frenar esta situación, pero, lamentablemente, son más laxas que las estadounidenses, por lo que es preciso trabajar en ello.
Por su parte, la diputada Laura Ballesteros Mancilla subrayó la importancia de poner atención a la regulación en esta materia, ya que al parecer la legislación norteamericana permite a estas empresas enviar los residuos tóxicos.
“Estas empresas que trabajan con estos residuos, bajo la norma norteamericana, son responsables en toda la cadena de manejo de los mismos hasta que salgan de Estados Unidos y una vez que llegan a territorio mexicano, ya no tienen responsabilidad”, explicó.
Sostuvo que en esta nueva relación bilateral entre México y Estados Unidos es momento de hacer una reflexión para poder tejer una vecindad sana, libre de residuos tóxicos y que se base en el diálogo.
Apuntó que es fundamental retomar las relaciones interparlamentarias con el Congreso de Estados Unidos, para poder resolver este y muchos otros temas que vendrán. “La diplomacia parlamentaria es fundamental y hay que reactivarla. Desde el Congreso vamos a trabajar en esto en MC”.
Con información de la Cámara de Diputados
