Por. Raúl Flores Martínez
En el estado de Veracruz, la crisis forense se ha convertido en una alarmante realidad que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender el creciente problema de los restos humanos sin identificar.
En un hecho que subraya esta tragedia, dos tráileres cargados de cadáveres y restos óseos permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado sin que se realicen los análisis necesarios para dar identidad a las víctimas.
Las madres buscadoras, colectivos integrados principalmente por familiares de personas desaparecidas, han denunciado que sus incansables esfuerzos por encontrar a sus seres queridos se ven frustrados por la falta de acción de las autoridades. “No tiene sentido seguir encontrando restos si no se analizan”, han declarado. Este sentir refleja el desamparo que enfrentan quienes, en medio del dolor, dedican sus vidas a buscar respuestas y justicia.
La situación en Veracruz no es un caso aislado, sino una muestra de una problemática más amplia que afecta a varias entidades del país: la ausencia de infraestructura y personal especializado en el manejo de restos humanos. La saturación de los servicios médicos forenses y la negligencia institucional agravan un panorama que perpetúa la impunidad y el sufrimiento de las familias.
La existencia de estos tráileres recuerda episodios previos en otras regiones de México, donde también se han documentado prácticas similares que reflejan la falta de capacidad para atender una crisis humanitaria de esta magnitud. Además, la acumulación de restos no analizados implica la pérdida de oportunidades para identificar víctimas, reconstruir historias y avanzar en la resolución de casos de desaparición.
Ante esta situación, los colectivos y organizaciones civiles exigen que las autoridades estatales y federales tomen medidas urgentes para fortalecer las capacidades del sistema forense. Entre las demandas se incluyen la contratación de peritos especializados, la adquisición de tecnología avanzada para el análisis de ADN, y la implementación de mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información para las familias.
La crisis forense en Veracruz es un recordatorio de las deudas que el Estado mexicano tiene con las víctimas de la violencia y sus familiares. Resolver esta problemática no solo es una cuestión de justicia, sino también un paso indispensable para reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia una sociedad más humana y solidaria.
