Diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de MC, a través de una iniciativa proponen derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política, con el objetivo de suprimir la medida precautoria de arraigo.
El párrafo del artículo antes mencionado establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días, añade dicho artículo.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en la exposición de motivos explica que el arraigo es una medida precautoria de base constitucional que permite al Ministerio Público privar de la libertad de tránsito a una persona, previa autorización de la autoridad judicial, para garantizar la investigación de un delito, la protección de personas y bienes y evitar la sustracción de la acción de la justicia.
Menciona que la figura es pre-procesal, porque se impone con antelación al inicio del proceso penal, cuando las diligencias de investigación no están concluidas o con elementos suficientes para solicitar al órgano jurisdiccional la sujeción a proceso de una persona.
Sin embargo, señala que esta medida resulta violatoria de los derechos esenciales de toda persona como la libertad personal y de tránsito. También, vulnera principios y garantías esenciales inherentes al proceso penal como la presunción de inocencia, garantía de audiencia, el derecho de defensa y la revisión de una detención por parte de autoridad judicial, entre muchos otros.
La imposición de esta medida no solo es arbitraria, sino que también genera malas prácticas en las policías y los agentes a cargo de la investigación de los delitos, pues provoca y coloca a los sujetos privados de su libertad en condiciones de abuso y violación de sus derechos humanos y susceptibles a actos de tortura o tratos degradantes, subraya.
Las diputadas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Laura Hernández García e Irais Virginia Reyes De la Torre y los diputados Raúl Lozano Caballero, Gildardo Pérez Gabino, Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes suscriben la iniciativa, manifiestan que en los últimos años se tiene una tendencia a la baja sobre las solicitudes de arraigo que se presentan por parte de los agentes del Ministerio Público Federal, lo que indica que se trata de una figura a la que afortunadamente se recurre cada vez menos.
Destaca que ha quedado de manifiesto la poca utilidad que representa actualmente dicha figura para la correcta administración e impartición de justicia, así como para la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas.
