Francisco Garfias.
En el INAI se libra la última batalla. No es para defender la autonomía del órgano de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Esa ya está perdida por imposición de YSQ.
El round 15 lo protagonizan la comisionada Julieta del Río Venegas y el comisionado presidente del Instituto, Adrián Alcalá.
Él asegura que desde el día que asumió la presidencia, en diciembre del 2023, Julieta se ha dedicado a emprender una “campaña pública de desprestigio” en su contra.
Ella sostiene que son “incongruencias” de Adrián y que no le interesa lo que él diga.
Tenemos copia de los correos internos en los que Julieta le hace una serie de acusaciones verbales al comisionado presidente. Amenaza con demandarlo y lo hace responsable de lo que le pudiera ocurrir.
“No son difamaciones Adrián. La ASF tiene plasmados tus gastos en cantinas y están los documentos oficiales y más cosas e irregularidades. Tu viaje a Cartagena y la parranda con recursos públicos con tus amigos del INFOciudad”, dice en uno de ellos.
En otro que dirige a Adrián Alcalá habla de sí misma. Tiene muy alta la autoestima:
“Soy una mujer con muchos años de servicio, íntegra. Tengo posibilidades de llegar aún mas arriba (quiere ser gobernadora de Zacatecas) y bien lo sabes. A mí me conocen y me reconocen en mi estado y ya también a nivel nacional. No dependo del INAI, ni de un sueldo, gracias a Dios”.
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El Programa de Retiro Voluntario, propuesto por Alcalá para repartir 49 millones de pesos que sobraron del presupuesto asignado al Instituto en el 2024, desbordó el conflicto que no deja morir en paz al INAI.
El comisionado presidente propuso que los 49 millones se repartieran entre los trabajadores del Instituto que quisieran irse ya. Les darían a cada uno tres meses de salario.
La oferta sólo alcanzaría a la mitad del personal. Al INAI le quedan todavía dos meses y medio de vida y no puede quedarse sin trabajadores. Habría que elegir quién sí y quién no.
La propuesta no prosperó. Julieta del Río, junto con Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, las otras dos comisionadas que le quedan al INAI, votaron en contra. Se pronunciaron por consultar a la Secretaría de Hacienda.
Así lo hicieron. La dependencia dio luz verde el 30 de diciembre, pero el INAI fue notificado hasta el seis de enero, cuando ya era imposible repartir el recurso del 2024.
La comisionada reconoce, eso sí, que no quería repartir el dinero a ciertos servidores. ¿Por qué? “Se trata de gente que trabajó con (los ex comisionados) Oscar Guerra, Eugenio (Monterrey) y Francisco Acuña”, sostiene.
Propuso que el recurso se lo queden los cuatro comisionados para que cada uno elija a los trabajadores que se beneficiarían de esa liquidación adelantada que abortó.
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Del Río no paró allí. Dijo que antes del 2023 no se penalizaba a los proveedores del INAI que no cumplían y aún así se les pagaba.
“El almacén del piso menos 4 está lleno de cientos de productos desde el año 2000. Vasos, productos de limpieza, y aún así siguen comprando”.
También hizo acusaciones graves a ex comisionados del INAI. Habla de que pedían moches a los trabajadores. “Ya está comprobado por la Auditoría”, dijo.
Las fuentes del INAI que nos proporcionaron los correos dicen que la comisionada del Río está molesta por la reunión que Alcalá sostuvo, en diciembre pasado, con Raquel Buenrostro, titular de la Función Pública, sin ella y las otras comisionadas. Presume cercanía con el titular de la ASF, David Colmenares.
La Función Pública va a asumir las funciones que desempeña el INAI. Es decir, el gobierno será juez y parte en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
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Dice el jefe nacional del PAN, Jorge Romero, que los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum “han sido una copia, un papel calca” del gobierno de AMLO.
“Sigue siendo un gobierno al que no le interesa en lo mas mínimo escuchar a quien piensa distinto, un gobierno que denosta, que miente”, dijo.
En rueda de presa en la que estuvo flanqueado por Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN, y de Jorge Triana, vocero de voceros del blanquiazul, Romero puso énfasis en la propuesta del PAN pare topar en 20 pesos el litro de gasolina que Morena voto en contra.
“La gente tiene que pagar 25 pesos el litro por los impuestos que te cobra el gobierno. Ahí esta el IEPS y el IVA. Claro que el precio de la gasolina puede disminuir si existe la voluntad gubernamental”, aseguró.
¿Cómo?
Bajando el cobro del IEPS en las gasolinas Magnum y Premium. “Cuesta más en México que en Costa Rica el litro de gasolina y es por los impuestos”, destacó.
Fin.
