Raúl Flores Martínez.
La reorganización de los cárteles del crimen organizado en México está en pleno apogeo, y el impacto de esta dinámica se siente con fuerza en entidades como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Guerrero y, más recientemente, en el sur de Nuevo León. Pese a los reiterados llamados a priorizar la seguridad pública, la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente y reactiva, lo que permite que estos grupos criminales operen con creciente impunidad.
En Nuevo León, los municipios de Linares, Hualahuises, Iturbide y Galeana han sido sacudidos por una ola de violencia que dejó un saldo trágico de un policía muerto, ataques a instalaciones de seguridad y bloqueos en diversas carreteras. Aunque el gobierno estatal y federal activaron un despliegue urgente que incluye al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Civil, la respuesta parece llegar tarde frente a una escalada que ya sembró miedo y desconfianza entre los habitantes.
La región sur de Nuevo León, conocida por su riqueza citrícola y su importancia para la economía estatal, ahora enfrenta una amenaza que podría desestabilizar tanto su tranquilidad como sus actividades productivas. Los habitantes expresan su temor por el impacto que la violencia pueda tener en sus comunidades, agravando una crisis social y económica que podría extenderse si no se toman medidas contundentes y sostenibles.
El problema no es exclusivo de Nuevo León. En todo el país, la falta de estrategias proactivas para enfrentar el reacomodo de los cárteles está exacerbando las tensiones. En lugar de esperar a que la violencia explote en nuevas zonas, las autoridades deben actuar de manera coordinada y anticipada, fortaleciendo los esquemas de inteligencia, garantizando la capacitación de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, atacando las raíces del problema: la corrupción, la impunidad y las desigualdades que alimentan el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones.
Mientras la violencia avanza, queda en evidencia la fragilidad de las estrategias de seguridad pública y la desconexión entre los tres niveles de gobierno. Las fuerzas armadas y policiales, aunque sean necesarias en esta crisis, no pueden ser la única solución. La lucha contra el crimen organizado requiere una visión integral que combine la acción policial con el desarrollo económico, la mejora en la impartición de justicia y políticas públicas que atiendan las necesidades de las comunidades vulnerables.
Nuevo León, como muchas otras entidades, está en un punto crítico. Si no se toman medidas decisivas, el reacomodo de los cárteles seguirá dejando a su paso un rastro de violencia, miedo y análisis social.
Es momento de que las autoridades asumen su responsabilidad y actúen con la firmeza y la eficacia que la situación exige.
La seguridad de los ciudadanos no puede seguir siendo un asunto secundario o relegado a respuestas tardías; debe ser una prioridad ineludible.
