Por. Raúl Flores Martínez
El municipio de Suchiate, Chiapas, se convirtió en un territorio donde la delincuencia organizada no solo controla el flujo de personas y mercancías, sino que también ejerce un poder fáctico sobre las instituciones.
Esta situación ha generado un clima de miedo e impunidad que afecta profundamente a la población local y a los migrantes que transitan por la región.
El río Suchiate, que marca la frontera natural entre México y Guatemala, ha dejado de ser un simple límite geográfico para convertirse en un escenario de actividades ilícitas.
La presencia de “halcones” (personas que vigilan y reportan los movimientos de la población a grupos delincuenciales) ha creado un ambiente asfixiante donde el control social es ejercido por el miedo.
No es un secreto que el pueblo de Suchiate está controlado por la delincuencia organizada; la delincuencia gobierna el municipio, por lo que es necesario una limpieza profunda, no artificial, y que se castigue a todos los delincuentes, incluso a funcionarios.
Esta afirmación ilustra la desconfianza generalizada hacia las autoridades municipales, quienes, en lugar de proteger a la ciudadanía, son señaladas de colaborar activamente con los criminales.
Uno de los ejemplos más alarmantes de esta complicidad es el uso de patrullas de la Policía Municipal para transportar migrantes y entregarlos a grupos delincuenciales.
Estas redes criminales, que operan en los límites de México con Guatemala, secuestran a los migrantes y los someten a condiciones inhumanas, incluyendo extorsión, violencia física y, en muchos casos, desapariciones. Este vínculo entre las fuerzas del orden y el crimen organizado revela una degradación institucional que exige atención inmediata.
El caso de Suchiate no es aislado, refleja un fenómeno extendido en varias regiones de México donde la falta de voluntad política y la corrupción permiten que el crimen organizado se infiltre en las estructuras del Estado. Sin embargo, las consecuencias aquí son especialmente graves debido a la condición de frontera del municipio, lo que lo convierte en un punto crítico para el tráfico de personas, drogas y bienes.
Frente a esta realidad, es imperativo que el gobierno federal tome medidas contundentes para restablecer el estado de derecho en Suchiate, sobre todo que las autoridades municipales que hayan colaborado con los grupos delincuenciales deben ser investigadas y llevadas ante la justicia.
Los “halcones” que operan en el municipio deben ser identificados y neutralizados mediante operativos que respeten los derechos humanos, también las corporaciones municipales deben ser sometidas a una revisión exhaustiva, incluyendo la capacitación en derechos humanos y la evaluación de confianza para todos sus integrantes.
La tragedia que vive el municipio de Suchiate es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la corrupción y la impunidad. Las voces de la población claman por justicia y acciones concretas, mientras que los migrantes que atraviesan esta frontera continúan siendo víctimas de un sistema que parece ignorar su sufrimiento.
Es hora de que las autoridades, tanto estatales como federales dejen de mirar hacia otro lado y enfrenten la crisis de manera decidida. El futuro de Suchiate y de quienes lo habitan o lo cruzan en busca de un sueño, depende de ello.
