Raúl Flores Martínez.
Algunas veces las propuestas para terminar con giros negros, rojos y de cualquier color donde se tiene trata de personas, drogas y se comenten diversos delitos, pueden ser perfectos en el papel, pero llevados a la práctica, pueden ser un dolor de cabeza.
Un claro ejemplo, es el “Operativo Atarraya” que despliega 2 mil 870 elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad federal y estatal, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, está en marcha en un total de 47 municipios del Estado de México. Sin embargo, han surgido señalamientos sobre presuntas irregularidades en las acciones realizadas.
El operativo tiene como objetivo reforzar la seguridad en distintas regiones del estado, incluyendo: Zona Metropolitana del Valle de México: Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, Tecámac, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Zona Oriente: Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Texcoco.
Zona Sur y Valle de Toluca: Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec, Atlacomulco, Tenango del Valle, Ixtapan de la Sal y Tianguistenco.
Otros Municipios: Amanalco, Atizapán de Zaragoza, Donato Guerra, Jocotitlán, San Mateo Atenco, Zumpango, entre otros.
A pesar de los objetivos oficiales de fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva, han surgido denuncias preocupantes sobre el comportamiento de algunos elementos involucrados en el operativo:
Propietarios de bares en diversas zonas han acusado a ciertos agentes de sembrar droga en sus establecimientos con el fin de justificar clausuras. Estas acciones han sido denunciadas como injustas y carentes de sustento, perjudicando tanto a los negocios como a su reputación.
Las inspecciones realizadas en algunos comercios han sido calificadas como arbitrarias por los afectados, quienes exigen mayor transparencia y supervisión en el actuar de los cuerpos de seguridad.
Estas prácticas no solo dañan la imagen de los comercios, sino que también generan un impacto económico negativo en las zonas intervenidas, especialmente en un sector que ya ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años.
Los afectados han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes para: Investigar las denuncias de forma exhaustiva y sancionar a los responsables.
Establecer mecanismos de supervisión que garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos y empresarios. Generar informes públicos que detallen los resultados del operativo y las acciones llevadas a cabo.
El operativo Atarraya tiene un objetivo noble al buscar combatir la inseguridad en el Estado de México; sin embargo, las denuncias sobre malas prácticas por parte de algunos elementos podrían minar su legitimidad.
Es fundamental que las autoridades atiendan estas quejas con seriedad y transparencia para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que las acciones de seguridad cumplan con los estándares legales y éticos esperados.
