Hidalgo.- La clausura del casino Winpot en Pachuca, Hidalgo, ha encendido el debate sobre presuntos conflictos de interés que involucran a funcionarios estatales y empresarios cercanos a la industria de los casinos. Más de 200 empleados han sido afectados por el cierre, llevado a cabo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), a pesar de que el establecimiento contaba con los permisos vigentes para operar.
El cierre ha levantado sospechas, ya que documentos revelan que el casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro de Winpot, podría haberse beneficiado directamente. Este establecimiento es operado por las empresas Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyos accionistas incluyen a Elías Marianno Gil Valdez, secretario de Administración del estado de Hidalgo, lo que ha generado críticas sobre un posible favoritismo.
Según investigaciones, Gil Valdez es hijo de Sergio Jacinto Gil García, accionista principal de Petolof, quien ha sido señalado en el pasado por operar redes de corrupción relacionadas con la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Estas acusaciones incluyen presuntos “moches” exigidos a otros casinos para evitar sanciones.
El caso también involucra a Juan Carlos Martínez Domínguez, accionista de Hermes S.A. de C.V., conocido por su participación en la “Estafa Siniestra”, un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada. Además, se le vincula con contratos irregulares durante administraciones anteriores, lo que refuerza las críticas hacia posibles conflictos de interés.
A pesar de contar con resoluciones judiciales que ordenan levantar los sellos de clausura, la Copriseh no ha permitido la reapertura del casino, lo que ha dejado a más de 200 familias sin ingresos. Representantes empresariales y políticos han cuestionado la falta de acción del gobernador Julio Menchaca Salazar para resolver esta situación.
El caso ha puesto en el centro del debate la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos y decisiones administrativas en Hidalgo, generando incertidumbre entre empresarios y trabajadores afectados.
Redacción
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