Raúl Flores Martínez.
En un movimiento que ha generado indignación y críticas generalizadas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como director del Centro Nacional de Control del Gas Natural.
Esta decisión, que debiera basarse en un historial de transparencia y eficiencia, está empañada por las graves acusaciones de corrupción que persiguen al exmandatario veracruzano.
Durante su administración en Veracruz, García Jiménez se vio envuelto en un escándalo de proporciones alarmantes: el desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de un esquema que involucró la creación de 227 empresas fantasma.
Estas empresas, muchas de las cuales operaban desde domicilios en colonias populares, canalizaron hasta el 80 por ciento de los contratos públicos hacia una red de intereses oscuros que afectaron sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.
Entre las entidades investigadas se encuentran nombres como Dimaq de Xalapa SA de CV, Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV, Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV, Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, y Phono & Medical SA de CV. Todas estas comparten un denominador común: domicilios fiscales dudosos y una aparente falta de capacidad operativa real. La mayoría de estas empresas fueron creadas entre 2019 y 2022, coincidiendo con el periodo de gobierno de García Jiménez.
El esquema de corrupción, según las investigaciones, se cimentó en la utilización de prestanombres y beneficiarios de programas sociales como representantes legales de estas empresas fachada.
Esta estrategia no solo dificulta el rastreo de los recursos desviados, sino que también permite una triangulación de fondos que termina por desviar dinero de sectores prioritarios como hospitales, escuelas e infraestructura. Tan solo en el área de salud, se detectó que cinco empresas controlaban el 80 por ciento de los contratos, acumulando cerca de cinco mil millones de pesos en adjudicaciones directas.
La designación de García Jiménez como director de Cenagas pone en duda el compromiso del gobierno federal con la transparencia y el combate a la corrupción. Este nombramiento no solo envía un mensaje de impunidad, sino que también compromete la credibilidad de una institución clave para el desarrollo del sector energético del país.
Cenagas, que debería centrarse en garantizar el suministro seguro y eficiente de gas natural, ahora enfrenta la sombra de un liderazgo cuestionado. La administración de García Jiménez en Veracruz dejó una herencia de desigualdad y carencias en sectores críticos. ¿Cómo podrá entonces dirigir una entidad que requiere probidad, experiencia y una visión de futuro para el sector energético mexicano?
Las voces críticas, tanto en el ámbito político como en el ciudadano, exigen que el gobierno reconsidere esta designación. La lucha contra la corrupción no puede ser una bandera vacía; debe traducirse en acciones concretas y en la elección de liderazgos que reflejen los valores de transparencia y responsabilidad.
El país merece servidores públicos que trabajen en beneficio de la sociedad, no personajes con un historial plagado de irregularidades.
En momentos en que la confianza en las instituciones es crucial, decisiones como esta solo agravan el escepticismo ciudadano y refuerzan la percepción de que la corrupción sigue siendo una constante en la vida pública mexicana. Es imperativo que la administración federal rectifique este rumbo y ponga el interés del país por encima de intereses particulares o políticos.
