Raúl Flores Martínez.
En un contexto marcado por la creciente violencia en diversas regiones de México, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe asumir un desafío cada día más directo contra el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
No es un secreto que varios estados del país están atrapados en una espiral de violencia, este tema se perfila como una prioridad ineludible en su agenda gubernamental.
De acuerdo con la Información Filtrada, la violencia relacionada con el crimen organizado ha alcanzado niveles alarmantes en estados como Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, Chiapas, Colima donde la población vive bajo el acecho de grupos delictivos que disputan territorios y actividades ilícitas.
Los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados son parte de una realidad cotidiana que demanda acciones urgentes y eficaces.
La administración de Claudia Sheinbaum debe implementar una estrategia integral que combine el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la atención a las causas sociales de la violencia y la colaboración estrecha con los gobiernos estatales y municipales.
Entre los objetivos principales destacan: Incrementar el presupuesto para la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales.
Garantizar condiciones laborales dignas para los elementos de seguridad, evitando que sean vulnerables a la corrupción.
Crear mecanismos efectivos de colaboración entre la Guardia Nacional, el Ejército, Armada y las corporaciones estatales y municipales; además de impulsar sistemas de inteligencia que permitan anticipar y desarticular operaciones del crimen organizado.
Diseñar programas que ofrezcan oportunidades educativas y laborales a jóvenes en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos e implementar políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo comunitario.
Mejorar los procesos de investigación y judicialización de delitos para garantizar que los responsables sean sancionados y combatir la impunidad, uno de los principales factores que perpetúa la violencia.
Por si fuera poco, nunca, nadie ha fortalecido los mecanismos de atención y reparación para las víctimas de la violencia, incluyendo medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, eso es una prioridad.
La implementación de estas medidas no estará exenta de retos. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la penetración del crimen organizado en algunos niveles de gobierno y la debilidad del sistema judicial son obstáculos que la administración de Sheinbaum deberá superar con decisiones firmes y sostenidas en el tiempo.
El compromiso de Claudia Sheinbaum con la seguridad no solo se medirá en indicadores de reducción delictiva, sino también en su capacidad para devolver la tranquilidad a millones de mexicanos.
La paz y la justicia no pueden seguir siendo una aspiración lejana; deben convertirse en realidades tangibles a través de acciones contundentes y coordinadas.
Sabemos que el reto es titánico, pero también es una oportunidad para transformar de raíz las condiciones que han permitido la proliferación del crimen organizado. La última palabra la tendrá el tiempo, pero las acciones de hoy determinarán el futuro de México, sobre todo de Morena en el poder.
