Raúl Flores Martínez.
En una acción que ha generado indignación y cuestionamientos a nivel nacional, Anavel Ávila Castrejón, presidenta municipal de Coalcomán, Michoacán, rindió un homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante el 193 aniversario del municipio.
Este acto, lejos de ser un gesto diplomático, ha sido percibido como un respaldo explícito a uno de los principales criminales en México.
Ávila Castrejón, quien llegó al cargo bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, enfrenta un historial de señalamientos por presuntos vínculos con el CJNG. Según diversas investigaciones, este grupo criminal habría respaldado sus aspiraciones políticas, lo que ha levantado serias dudas sobre la legitimidad de su liderazgo y su compromiso con la legalidad.
El homenaje a “El Mencho”, líder de una organización responsable de actos de violencia extrema, tráfico de drogas y el debilitamiento del tejido social en regiones como Michoacán, no es un acto aislado. Refleja un preocupante patrón de cercanía entre algunos actores políticos y el crimen organizado, que ha contribuido a la normalización de la violencia y la impunidad en el país.
El caso de Coalcomán no es un hecho aislado en Michoacán, un estado donde el narcotráfico y la política a menudo parecen entrelazarse. Sin embargo, que una figura pública se atreva a rendir homenaje a un líder criminal en un acto oficial es una muestra del grado de deterioro institucional y de la falta de consecuencias para quienes cruzan esa línea.
El homenaje no solo insulta la memoria de las miles de víctimas del CJNG, sino que también perpetúa la percepción de que el crimen organizado tiene un control significativo sobre las autoridades locales. Coalcomán, un municipio golpeado por la violencia, merece líderes que trabajen por la seguridad y el bienestar de su gente, no funcionarios que glorifiquen a quienes destruyen sus comunidades.
Organizaciones civiles, ciudadanos y líderes sociales han exigido que se investigue a fondo a Ávila Castrejón y que Movimiento Ciudadano asuma su responsabilidad política. En un país que clama por justicia y un alto a la impunidad, permitir que este tipo de actos queden sin consecuencias es inaceptable.
La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el poder público seguirá siendo rehén del crimen organizado?
