Raúl Flores Martínez.
Es tiempo de reflexionar y desearles una Noche Buena llena de amor y una feliz Navidad
Cada año, más de 140 mil niñas, niños y adolescentes en México se enfrentan a la posibilidad de ser reclutados por el crimen organizado. De esta alarmante cifra, entre 30 mil y 40 mil casos representan reclutamientos activos que, más allá de las estadísticas, reflejan una tragedia humana que perpetúa el ciclo de violencia y desintegración social en el país.
Según el informe Mecanismos Estratégicos de Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada, los menores son entrenados para cometer actos de violencia extrema, incluyendo el asesinato y el desmembramiento de cuerpos.
Además, son utilizados como “halcones”, encargados de vigilar y reportar actividades, y “mulas” para transportar sustancias ilícitas. Otros roles incluyen la venta de drogas y, en los casos más críticos, el sicariato, colocándolos al servicio directo de organizaciones criminales.
El estudio señala que 18 estados del país concentran los índices más altos de reclutamiento: Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Estas regiones se caracterizan por altos niveles de violencia y criminalidad que normalizan las conductas delictivas entre las comunidades.
Entornos familiares y sociales: Siete de cada diez adolescentes reclutados provienen de hogares donde han sufrido violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico o psicológico. Estas experiencias de trauma dejan a los menores especialmente vulnerables a la manipulación.
Normalización de la violencia: Seis de cada diez adolescentes que cometieron delitos graves crecieron en comunidades donde la violencia y la criminalidad son el pan de cada día.
Estrategias de captación: La mayoría de los reclutamientos se realizan a través de manipulación psicológica, con promesas de dinero, un sentido de pertenencia o mediante amenazas hacia ellos o sus familias.
El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado no solo destruye vidas individuales, sino que también debilita el tejido social de las comunidades. Al arrebatar a estos niños y adolescentes su derecho a una infancia y juventud segura, se perpetúan ciclos de pobreza, violencia y exclusión social que afectan a generaciones enteras.
Es crucial que las autoridades implementen políticas públicas integrales que aborden las raíces del problema: mejorar las condiciones de vida en comunidades marginadas, fortalecer la protección de la infancia y juventud y garantizar acceso a educación y servicios de salud mental.
De igual manera, la sociedad civil debe unirse en esfuerzos para crear espacios seguros y oportunidades que permitan a estos menores visualizar un futuro fuera del alcance del crimen organizado.
En un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan esta devastadora realidad cada año, la acción inmediata y coordinada es un deber ineludible para transformar su destino y el de la sociedad en su conjunto.
