Raúl Flores Martínez.
La reciente y fallida operación de captura de Pedro Luis “N”, presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, deja al descubierto las grietas de un sistema judicial y operativo incapaz de garantizar resultados eficaces en contra de la corrupción y el crimen organizado.
Lo que pudo haber sido un contundente golpe a la impunidad terminó en un bochornoso espectáculo de incompetencia, marcado por una preocupante demostración de contrainteligencia por parte del edil y sus allegados.
De acuerdo con la Información Filtrada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la operación fue saboteada desde dentro; es decir, policías municipales, presuntamente vestidos de civiles, participaron en la ceremonia de toma de protesta y obstaculizaron la captura. A esto se sumó la movilización de personas cercanas al alcalde, quienes bloquearon accesos estratégicos al municipio para impedir la llegada de refuerzos.
Estos actos no solo reflejan una clara complicidad entre Pedro Luis “N”, parte de la policía local, y la base social de la Familia Michoacana, sino también evidencian la falta de preparación y coordinación en las fuerzas encargadas de ejecutar la orden de captura.
El trasfondo de esta operación resulta alarmante: Pedro Luis “N” enfrenta acusaciones por su probable participación en delitos de secuestro y posibles nexos con el crimen organizado.
Además, las investigaciones también se extienden a su esposa, María “N”, actual presidenta municipal, quien está implicada en un caso de extorsión. Ambos habían logrado evadir la justicia desde la implementación de la llamada “Operación Enjambre”. Sin embargo, la reciente fuga en plena ceremonia de toma de protesta pone en evidencia cómo la red de corrupción y complicidad sigue permeando las instituciones locales.
A pesar de los esfuerzos de la FGJEM por desplegar operativos de inteligencia en la región, los resultados hasta ahora dejan mucho que desear. Este fracaso no solo cuestiona la efectividad de las estrategias de las autoridades estatales, sino también genera un profundo escepticismo entre la población respecto a la voluntad política para enfrentar a quienes abusan del poder.
La fuga de Pedro Luis “N” es un recordatorio de cómo la corrupción y el crimen organizado operan con impunidad bajo la protección de sistemas locales debilitados y fracturados.
Es urgente una reestructuración profunda de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el Estado de México, así como una verdadera depuración de elementos corruptos dentro de las fuerzas policiales.
Este episodio también debe servir como una llamada de atención para que la sociedad exija mayor transparencia, efectividad y rendición de cuentas en las acciones gubernamentales. No se trata solo de capturar a un alcalde fugitivo, sino de desmontar un sistema que permite que personas con presuntos nexos con el crimen lleguen al poder y continúen operando bajo el amparo de la legalidad.
