Francisco Garfias.
No paran las reacciones por el pleito entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. El intercambio de acusaciones de corrupción entre los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados desató una cascada de especulaciones.
Pregunta recurrente es ¿Qué hay detrás del choque entre los destacados morenistas?
El senador tabasqueño aventó la primera piedra al diputado de Zacatecas. El pretexto fue que en el presupuesto para 2025 le bajaron al Senado 123 millones de pesos.
Ya encarrerado, Adán Augusto aseguró en la tribuna del Senado que en la administración que encabezó Monreal se hicieron “negocitos añejos” por 150 millones de pesos anuales.
Uno relativo al manejo del archivo de la Cámara alta por la empresa Full Services –60 millones de pesos— y el otro por 90 millones para dar mantenimiento a los elevadores del Senado del Grupo Piasa.
Monreal le respondió con un video en el que sugiere que las “falsedades” que se dijeron en la tribuna del Senado fueron provocadas por un fideicomiso por mil millones de pesos que tiene el Senado, desde que se construyó su sede en Avenida Reforma.
Todos sabemos que la transparencia no es prioridad para la 4T. Qué mejor ejemplo que la desaparición del INAI y la absorción de sus tareas por la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno se erige como juez y parte. En adelante decidirá qué información dará a las solicitudes de los ciudadanos y qué se guarda.
Nosotros pensamos que detrás de lo que dijo Adán hay “mano negra” más allá de la denuncia de “negocitos”. En los partidos políticos los trapos se lavan en casa. ¿Por qué hacerlo público desde esa alta tribuna? ¿De parte de quién?
Monreal opinó ayer sobre este tema:
“La historia universal nos muestra eventos que se repiten cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente: las diferencias internas y las campañas mediáticas orquestadas en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural”, escribió en su cuenta de X.
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La presidenta Sheinbaum los reunió anoche en Palacio Nacional. Adán Augusto llegó primero acompañado del senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, e Ignacio Mier, vicecoordinador del grupo parlamentario.
Antes del cónclave, la mandataria declaró: “Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Este malentendido tiene que resolverse”, dijo.
Y les dio un jalón de orejas: “es tema de ocho columnas. Si tienen algo que denunciar, que se denuncie, hay las vías. No necesitan que sea un asunto público. Los dos saben que lo más importante es el movimiento de transformación”.
¿Qué recomendó previamente la presidenta tanto Adán como Monreal?
“Que si los legisladores tienen algo que denunciar, lo hagan ante las instancias correspondientes en lugar de declarar ante los medios de comunicación”. Les dijo también que hay que mantener la cabeza fría. No marearse.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, estuvo también en reunión con Adán y Ricardo.
A las 21:03 PM subió una foto a su cuenta de X con los hermanos enemigos. Lo acompañó con el siguiente mensaje: “Se acordó que no habrá período extraordinario para iniciativas pendientes”.
Monreal escribió en sus redes que el encuentro fue “sin estridencia ni confrontación” para hacer política a favor del movimiento que ambos representan.
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El gobierno de la “honestidad valiente” cayó en corrupción del lugar nueve en los años 2021-2022, al once en 2023-2024, según la Evaluación Anticorrupción realizada en Latinoamérica por el Centro Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York.
En el caso de México, la evaluación señala:
“Los resultados actuales no han demostrado una alta eficiencia en la atención a las políticas anticorrupción establecidas. La alta impunidad refleja los obstáculos que aún enfrenta la disparidad entre la realidad práctica y la realidad jurídica en el combate a la corrupción en el país.”
El Centro destaca que una de las preocupaciones de la comunidad jurídica consultada es referente la Reforma judicial en México.
“Contempla cambios importantes en el sistema de impartición de justicia federal y estatal, entre los que destacan la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.”
Esto último “puede no garantizar que las personas elegidas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar sus funciones; y comprometer la independencia e imparcialidad (del poder judicial) lo que representa también un riesgo para la división de poderes y el estado de derecho”.
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La asfixia financiera y la falta de apoyo llevaron a Heidi G. Storsberg, directora del Organismo Público Encargado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (OPAS), Naucalpan, Estado de México, a presentar su renuncia con carácter “irrevocable.”
En su carta de renuncia, le dice a Angélica Moya Marín, alcaldesa de Naucalpan:
“He enfrentado con determinación y compromiso los numerosos retos hídricos, económicos, financieros, sindicales y de corrupción que aquejan a nuestra institución.
“A pesar de los esfuerzos realizados y los logros alcanzados, desgraciadamente no he contado con el apoyo total y necesario para ejecutar las decisiones e implementar las soluciones de manera efectiva y sostenible”, puntualiza.
FIN
