Raúl Flores Martínez.
El pasado 6 de diciembre, Enrique Alfaro Ramírez concluyó su mandato como gobernador de Jalisco, dejando un legado que ha sido ampliamente criticado por colectivos feministas y activistas por los derechos de las mujeres.
Su administración estuvo marcada por denuncias de misoginia, indolencia y machismo que perpetuaron la violencia de género y la injusticia en el estado, no es un secreto que, durante su gestión, la Casa Jalisco permaneció cercada, sin apertura al diálogo con colectivos feministas que buscaban ser escuchados.
Las demandas y el dolor de las mujeres fueron ignorados sistemáticamente, mientras la inseguridad para transitar libremente creció exponencialmente.
Jalisco cuenta con dos mecanismos de alerta por violencia de género: la Alerta de Violencia contra las Mujeres a nivel estatal, decretada en febrero de 2016, y la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres a nivel federal, vigente desde noviembre de 2018.
Ambos representan un conjunto de medidas emergentes para enfrentar la violencia feminicida. Sin embargo, estos mecanismos fueron insuficientes durante la administración de Alfaro Ramírez, quien no implementó acciones contundentes para erradicar esta problemática.
El Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco se reveló como una institución ineficiente, incapaz de atender de manera adecuada a las mujeres que buscan justicia. Los procesos de denuncia se caracterizan por su burocracia excesiva, que revictimiza y desmotiva a las afectadas.
Las jornadas pueden durar de ocho a doce horas, con procedimientos que más se asemejan a interrogatorios criminales que a la atención de víctimas. Aún más grave fue la protección que el exgobernador brindó a funcionarios denunciados por violencia de género.
Un caso emblemático fue el del Secretario del Trabajo, quien enfrentó denuncias por hostigamiento sexual y acoso laboral, sin que esto afectara su posición. En lugar de investigar las acusaciones, Alfaro Ramírez respaldó al denunciado, calificando las denuncias como “cuentos” y minimizando el testimonio de la víctima.
Ante este panorama, los colectivos feministas han dirigido una petición al nuevo gobernador, José Pablo Lemus Navarro. Le exigen informarse, capacitarse y sensibilizarse sobre la situación de las mujeres en Jalisco. Además, solicitan la eliminación de los cercos en Casa Jalisco, el Congreso y el Palacio de Gobierno, y abogan por una cooperación efectiva entre las autoridades y los colectivos para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas en el estado.
El cambio de administración representa una oportunidad para que Jalisco deje atrás un pasado de indolencia y machismo y avance hacia un futuro donde se respeten y garanticen los derechos de todas las mujeres.
