México.- La Comisión de Justicia, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó tres dictámenes relativos a la legislación secundaria de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los proyectos de decreto expiden las nuevas leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, uno más reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También, validó el dictamen que modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de medidas de protección y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 18 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual define la estructura, funciones y atribuciones del Poder Judicial Federal.
El diputado Moreno Rivera destacó este dictamen establece la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones se trasladarán al Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de resolver sobre la posible responsabilidad administrativa o penal de las personas servidoras públicas del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, y al Órgano de Administración Judicial, que tendrá la función de la administración de los recursos y de la carrera judicial.
Se reduce el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve, y de 15 a 12 los años que se desempeñarán en el cargo.
En los transitorios señala que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad y que se extinguirán los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en alguna ley secundaria.
También se atribuye al Tribunal de Disciplina Judicial la función de velar por la independencia, integridad y honestidad del trabajo de los organismos de justicia; en este caso, tendrán las atribuciones de investigación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa por las faltas que cometan aquellas personas que desempeñan funciones jurisdiccionales.
Asimismo, será encargado de auxiliar al Consejo de la Judicatura Federal para implementar un plan de trabajo para la transferencia de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los órganos y áreas del Poder Judicial Federal, de acuerdo con las nuevas leyes.
Por MC, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez consideró que esta reforma hará que el Poder Judicial sea menos independiente, menos autónomo y menos profesional con el que se cuenta hoy.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) señaló que el dictamen no resuelve nada sobre las facultades de investigación de las policías, que es donde comienza la justicia. Las fiscalías y ministerios públicos no se tocan, cuando son ellos el primer contacto con las víctimas cuando piden justicia.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez comentó que se está cambiando el modelo de justicia que había hasta hace algunos meses en el país. “El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial actuaba de pronto como juez y parte”.
Por el PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo argumentó que las leyes son contradictorias con la idea de justicia, pues tan solo el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá dos órganos con mecanismos que van más allá de la Constitución.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) destacó que se establecen disposiciones sobre la SCJN, el Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, y se establecen las estructuras y atribuciones del nuevo Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Mariana Benítez Tiburcio, diputada del Morena, indicó que esta reforma busca transparencia, independencia judicial y la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
Ley de Carrera Judicial del PJF
Por 23 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, se avaló el dictamen a la minuta que expide la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
El presidente de la instancia explicó que esta minuta busca actualizar el marco normativo para alinearlo específicamente con el artículo 100 constitucional; establece como aspecto central la obligación de que exista una ley que defina las bases para la formación, evaluación y certificación de las personas funcionarias públicas y para el desarrollo de la carrera judicial fundamentada en los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo y paridad de género.
Indicó que el texto constitucional ordena la creación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que será un órgano con autonomía técnica y de gestión, encargado de diseñar e implementar los procesos de formación y capacitación del personal de carrera judicial, pero también del administrativo. “Este dictamen tiene el objeto de emitir una nueva Ley de Carrera Judicial que abrogará la que aún se encuentra vigente y dará cumplimiento al mandato constitucional”, agregó.
Señaló que este proyecto incorpora el deber para que el Poder Judicial incluya la perspectiva de género como criterio base para la carrera judicial, de modo que mujeres y hombres concursarán en igualdad de circunstancias para el ingresoa la carrera judicial o para su promoción dentro de la misma.
También, se establece el combate a la violencia institucional a fin de evitar conductas de hostigamiento laboral, acoso sexual y otras formas de violencia sexual o de género en los órganos jurisdiccionales, por lo que se desarrollan diversos mecanismos para prevenir y sancionar estas prácticas.
Asimismo, el proyecto tiene un título específico que define las medidas jurídicas para combatir el nepotismo, ya que incorpora sanciones para los funcionarios que realicen nombramientos cruzados o triangulados de familiares o personas con las que tengan conflictos de interés.
De igual forma, prevé medidas y mecanismos para que el trabajo de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial se desarrolle bajo los estándares de protección de derechos humanos, vocación de servicio público, compromiso social y ética en sus funciones.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) consideró que hoy los jueces no pensarán en preparación y capacitación, sino en buscar votos; así será la justicia que se quiere instalar.
Para el diputado Mejía Berdeja hoy se aprueba una auténtica Ley de Carrera Judicial porque se tenía una ley de nepotismo judicial. Se prohíben, dijo, los nombramientos cruzados y triangulados.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) destacó que se reafirma el compromiso con un sistema imparcial y justo. La Ley será pilar para fortalecer la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que prioricen la igualdad sustantiva y la justicia social.
Luis Enrique García López, diputado del PAN, sostuvo que este proyecto, lejos de fortalecer el sistema de justicia, representa una distorsión del principio de independencia judicial, lo cual pone en peligro la imparcialidad de los jueces y magistrados.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) detalló que el dictamen coloca uno por uno los procesos y se sustenta en la revisión rigurosa, la capacitación contínua y la formación especializada para garantizar excelencia en la impartición de justicia.
Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Las y los diputados avalaron con 22 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Establece un lenguaje inclusivo, a fin de estipular términos lingüísticos que permiten describir el cargo y no atribuirlo al género de la persona en particular; además enfatiza la importancia de incorporar el criterio de buena administración, con la finalidad de que éste guíe en buena medida la actuación de las personas servidoras públicas.
Las adiciones permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia, el código de ética y los diversos códigos de conducta, que son instrumentos que establecen principios, valores y reglas de integridad para que los servidores públicos actúen en beneficio de la sociedad, así como propiciar ambientes laborales adecuados y erradiquen conductas que podrán representar actos de corrupción.
Por otra parte, otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la facultad de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial por faltas administrativas y faculta a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.
El diputado Zavala Gutiérrez refirió que se otorgan facultades para sancionar a las personas juzgadoras por faltas a elementos abstractos como independencia, profesionalismo, o excelencia, lo cual deja a los juzgadores con principios vagos.
José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, agregó que con los tribunales de disciplina judicial servirán para forzar a juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados a ceñirse invariablemente a las instrucciones del Poder Ejecutivo.
En tanto, el diputado García López dijo que estas reformas comprometen esa independencia y ponen en riesgo la imparcialidad de la administración pública.
La diputada Bernal Martínez indicó que esta ley es más amplia que prevé cuando se cometen situaciones graves y no tan graves prevé destituciones, inhabilitaciones y sanciones administrativas menores.
La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, enfatizó que estas adecuaciones son importantes para cerrar la reforma al Poder Judicial, además, promueve el uso racional de los recursos, fomenta la austeridad y la transparencia.
El diputado Yañez Cuellar enfatizó que esta reforma busca tener control de las personas jugadoras, por lo cual votaran en contra de esta reforma al Poder Judicial.
Por Morena, la diputada Estela Carina Piceno Navarro, explicó que la reforma busca la incorporación explicita de las servidoras públicas del Poder Judicial como sujetos obligados y se rijan bajo los principios de honestidad y austeridad.
Con información de la Cámara de Diputados
