Raúl Flores Martínez.
No es un secreto que, en los juzgados familiares, una profunda sombra de desigualdad y revictimización sigue cayendo sobre las madres que enfrentan procesos judiciales por la custodia de sus hijos.
A menudo, estas mujeres se encuentran en el epicentro de un sistema que, lejos de protegerlas, parece favorecer a los agresores, perpetuando el círculo vicioso del machismo, violando las leyes sobre todo las nuevas leyes, vicaria, como se le nombre, siempre es lo mismo para los jueces, lo peor para algunas juezas e incluso algunas activistas que danzan con la música del dinero.
En muchos casos, las juezas y los jueces encargados de resolver disputas familiares toman decisiones que benefician a los agresores, minimizando o ignorando las denuncias de violencia.
Este patrón no solo refuerza las estructuras de poder patriarcales, sino que también valida la violencia vicaria: el uso de los hijos como herramientas de control y sufrimiento hacia las madres.
El sesgo machista que permea el sistema judicial otorga a los hombres violentos ventajas desproporcionadas. Apoyados por recursos económicos que les permiten contratar abogados influyentes y presentar pruebas manipuladas, estos hombres frecuentemente logran arrebatar la custodia de los hijos a las madres, revictimizándolas y perpetuando un mensaje de impunidad.
El problema no radica únicamente en la falta de perspectiva de género de los jueces, sino también en la cultura judicial que prioriza los derechos de los padres agresores bajo el pretexto de mantener un supuesto “equilibrio familiar”. Esta lógica ignora el impacto de la violencia en los niños y en las madres, normalizando el abuso y silenciando.
La crítica a este sistema debe ser el punto de partida para una transformación que garantice justicia y protección real para las madres y sus hijos. Es imprescindible:
Formación obligatoria en perspectiva de género para jueces y operadores judiciales.
También es urgente con la nueva Ley Vicaria que se pongan en marcha los mecanismos de supervisión y sanción para decisiones judiciales que perpetúan la violencia.
Además del apoyo económico y legal para madres en situación de vulnerabilidad.
Reforma de los procesos judiciales para que sean más ágiles y menos revictimizantes.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio reservado a quienes tienen el poder económico o político para manipularla. Es momento de exigir un sistema que proteja a las víctimas y rompa, de una vez por todas, con el círculo de violencia machista e institucional. Las madres y sus hijos merecen justicia, no más castigo.
En los próximos días daré a conocer una lista de jueces que ya están por salir de su zona de confort con la nueva ley judicial, por lo que les urge llenarse los bolsos de dinero para no morirse de hambre, porque no encontraran un trabajo digno a partir de junio del 2025.
