Fernando Moctezuma Ojeda.
En el México contemporáneo, la discusión del presupuesto federal va mucho más allá de ser un ejercicio técnico o una estrategia política. Representa un espejo de las prioridades del Estado y la visión de la nación que se busca construir. Mientras el gobierno afina los detalles del presupuesto para 2025, es crucial preguntarse si este será una herramienta efectiva para atender las necesidades más urgentes de la población, en particular de aquellas personas que enfrentan mayores vulnerabilidades.
Los datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan una realidad preocupante: en 2022, el 36.3% de la población vivía en condiciones de pobreza, mientras que 9.1 millones de personas enfrentaban pobreza extrema. Aunque estas cifras muestran una ligera mejora en términos absolutos, esconden un deterioro alarmante en indicadores clave como el acceso a la salud, la calidad educativa y las condiciones de vivienda.
Uno de los datos más relevantes es el incremento en la carencia de acceso a servicios de salud, que pasó del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022. Esto significa que más de un tercio de la población carece de acceso a un sistema de atención médica, lo que compromete no solo su bienestar inmediato, sino también su capacidad de superar las barreras estructurales que perpetúan la pobreza. Además, la falta de atención en estos servicios afecta de manera desproporcionada a las comunidades rurales y marginadas, donde las opciones de atención médica suelen ser prácticamente inexistentes.
El panorama educativo tampoco ofrece mejores perspectivas. Con 25.1 millones de personas en rezago educativo, la calidad y cobertura del sistema se encuentran lejos de satisfacer las necesidades actuales. La educación, concebida como una herramienta fundamental para reducir las brechas de desigualdad, está siendo relegada, lo que pone en riesgo el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes que dependen de un acceso efectivo y de calidad para transformar sus condiciones de vida.
La propuesta presupuestaria para 2025 incluye recortes significativos en sectores clave. En el ámbito de la salud, la reducción del 11% en comparación con el año anterior limita aún más las posibilidades de garantizar el acceso universal a servicios básicos. Estas decisiones presupuestales son difíciles de justificar en un país donde las desigualdades son tan marcadas y donde los recursos públicos deberían priorizar a quienes más los necesitan. Las implicaciones no son abstractas; representan vidas en riesgo, potencial desperdiciado y generaciones condenadas a repetir ciclos de marginación.
Ante este contexto, el presupuesto federal debe ser una herramienta de transformación social que priorice inversiones en áreas críticas como la salud, la educación, la seguridad social y la vivienda. Es fundamental que el Estado garantice el acceso a servicios de salud mediante una distribución más equitativa de los recursos, con particular atención a las zonas rurales y comunidades marginadas. La inversión en educación debe ser integral, abarcando no solo infraestructura, sino también programas que aseguren la capacitación docente, el acceso a tecnología y la atención a poblaciones históricamente rezagadas.
Además, el fortalecimiento de la seguridad social es una necesidad inaplazable para millones de familias que carecen de protección ante contingencias económicas o de salud. En el ámbito de la vivienda, garantizar acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento es esencial para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Los tomadores de decisiones tienen la obligación de actuar con una visión de largo plazo, privilegiando el bienestar de las personas por encima de las presiones políticas o económicas inmediatas. No se trata únicamente de reducir las cifras de pobreza, sino de garantizar derechos fundamentales, cerrar brechas estructurales y construir un México más equitativo y justo.
En un país donde más del 36% de la población vive en condiciones de pobreza, el bienestar social no puede ser visto como un lujo o una cuestión secundaria. Cada peso del presupuesto debe ser entendido como una inversión en el desarrollo humano, la justicia social y la equidad. El debate presupuestario de 2025 será determinante para definir si México avanza hacia un futuro inclusivo o si, por el contrario, perpetúa las desigualdades que han caracterizado a nuestra sociedad.
Es imperativo que, como sociedad, exijamos un ejercicio responsable y ético de los recursos públicos, uno que garantice un futuro digno para todas las personas sin excepción. Este presupuesto no debe ser solo un documento financiero, sino una brújula que marque el camino hacia un país que no deje a nadie atrás.
APUNTES CLAVE:
RESISTENCIA: La diputada federal Noemí Luna, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, anunció una firme defensa del presupuesto 2025, tanto a nivel nacional como para su estado. En conferencia de prensa, expresó su preocupación por los recortes propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, que afectarían sectores clave como salud, seguridad y agricultura en Zacatecas. Luna presentará 20 reservas al proyecto de presupuesto, buscando redistribuir recursos hacia áreas prioritarias y compensar los recortes que califica como perjudiciales para la entidad. Alertó que el ajuste presupuestal, en su mayoría justificado solo por la inflación, no representa un aumento real y recorta significativamente áreas como salud, con una reducción del 43.9% en aportaciones federales. La legisladora destacó la necesidad de un frente común con los otros 13 diputados federales de Zacatecas para enfrentar estas medidas y planteó la propuesta de un Presupuesto Alternativo panista. Entre sus prioridades, mencionó reasignar recursos de proyectos federales como el Tren Maya hacia sectores como salud y recortar presupuestos inflados en Pemex y Dos Bocas para atender necesidades más urgentes de la población. //PUEBLA: Puebla avanza en su apuesta tecnológica con la consolidación de la ruta para establecer la Casa del Diseño de Semiconductores, un proyecto clave para el desarrollo del Valle de la Tecnología y la Sustentabilidad. En una reunión encabezada por el gobernador electo Alejandro Armenta, junto con representantes de Inova-Bienestar e INAOE, se definieron los pasos para impulsar la innovación y aprovechar el talento local. Este proyecto busca posicionar a Puebla como referente nacional en tecnología, integrando desarrollo sustentable y equidad social. //FOBAPROA: El diputado Rubén Moreira propuso eliminar el pago del Fobaproa, un fondo destinado al rescate bancario, y redirigir esos recursos hacia áreas como salud, educación y carreteras. Moreira destacó que los partidos PAN y PT apoyan esta medida, y señaló que Morena, que criticó el Fobaproa en el pasado, debe ser congruente y también apoyarla. El economista Mario Di Costanzo reveló que, desde su creación, al Fobaproa se han destinado casi 800 mil millones de pesos, y que con los 50 mil millones previstos para 2025 se podrían financiar proyectos clave para el país.
CONTACTO:
[email protected] / Whatsapp / Telegram / Twitter / Instagram / TikTok
Visita fermoctezuma.news
