Raúl Flores Martínez.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien anteriormente se ofreció como funcionario de alto nivel en áreas de seguridad en Zacatecas y Chihuahua, asumió recientemente el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas.
Aparicio Avendaño cuenta con una amplia experiencia en seguridad pública. Capitán piloto aviador con formación en la Fuerza Aérea Mexicana, ha ocupado diversos cargos relacionados con la seguridad en el país.
En Chihuahua, lideró operativos contra el crimen organizado como comisionado estatal de seguridad. Posteriormente, fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas, donde enfrentó retos significativos ante los altos índices de violencia.
En Chiapas, Aparicio Avendaño ha llegado con un discurso enfocado en fortalecer las capacidades de la policía estatal y coordinar estrategias de seguridad, pero las acciones que han acompañado su nombramiento han generado inquietud tanto entre los ciudadanos como entre las corporaciones locales.
Según registros oficiales, el helicóptero Black Hawks del gobierno de Zacatecas realizó varios vuelos en la capital chiapaneca, mientras que más de 300 elementos zacatecanos se incorporaron temporalmente a labores de seguridad en el estado del sureste.
Las críticas han señalado que Zacatecas enfrenta graves problemas de inseguridad y que el uso de estos recursos en Chiapas podría implicar un desvío de recursos.
Una de las mayores polémicas ha sido la contratación de 400 nuevos elementos de seguridad, entre ellos exmilitares, exmarinos y expolicías federales, con salarios mensuales de 40 mil pesos.
Esta cifra contrasta distribuida con el salario promedio de un policía en Chiapas, que oscila entre 8 y 10 mil pesos quincenales, sin seguro de vida y sin ningún apoyo gubernamental.
Hasta el momento, las autoridades de Zacatecas y Chiapas no han ofrecido una explicación clara sobre el origen y justificación del uso de estos recursos. Aparicio Avendaño tampoco se ha pronunciado públicamente sobre las críticas, limitándose a resaltar que su estrategia busca “reducir los índices de criminalidad” en Chiapas.
Sin embargo, organizaciones civiles, legisladores y ciudadanos han exigido una auditoría para esclarecer el uso de los recursos y la viabilidad de las medidas.
La llegada de Aparicio Avendaño no solo se pone en el centro de la discusión la seguridad pública en Chiapas, sino también el manejo político y financiero de los recursos entre estados. La opacidad y las desigualdades en los sueldos y recursos han avivado tensiones internas en la corporación policial, mientras que el despliegue de elementos foráneos genera dudas sobre la confianza en las capacidades.
En un estado históricamente complejo como Chiapas, la eficacia de las estrategias de Aparicio Avendaño está bajo el escrutinio público, y los próximos meses serán decisivos para determinar si su gestión podrá responder a las expectativas o se sumará a la lista de nombramientos fallidos.
