Caracas.- La ley aprobada recientemente por el Parlamento de Venezuela -controlado por el chavismo- que contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios públicos, se podría convertir, según expertos, en “una herramienta de control” contra el disenso.
El abogado en derecho constitucional Óscar Arnal explicó a EFE que es un “contrasentido” aplicar una inhabilitación política por la cantidad de años que contempla la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista de la República Bolivariana de Venezuela’, cuando este castigo es una “consecuencia de la condena penal”.
“Lo que señala la ley viola principios fundamentales del derecho, entre los que destaca el de la proporcionalidad de la pena, por lo tanto es totalmente ilegal e inconstitucional”, indicó el también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
EFE
