México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), se reunió con las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene De la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, en el marco de las mesas de trabajo sobre el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.
La consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña, subrayó que en 2024 se otorgaron poco más de 22 mil 550 millones de pesos y lo que se solicita para 2025 son 28 mil millones, donde se incluyen los gastos para la elección del Poder Judicial.
Detalló que lo que se pide para 2025 son: 13 mil 255 millones; para procesos electorales que solo son dos locales, en Durango y Veracruz, 867 millones; y para otros proyectos, mil 173 millones, lo que da un total de 15 mil 295 millones. Y si se suman los 13 mil 200 de la elección del Poder Judicial, el total que está pidiendo el INE son 28 mil 501 millones. Eso sin contar la consulta popular y las prerrogativas de los partidos.
Los 13 mil millones de pesos calculados para el proceso extraordinario del Poder Judicial, agregó, son para una elección del mismo tamaño que la federal del pasado 2 de junio, y requiere la instalación de poco más de 172 mil casillas, más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales, que es un gran rubro que se lleva presupuesto.
Resaltó que el proceso electoral de 2024 costó cerca de 14 mil millones de pesos; entonces, este proceso electoral judicial extraordinario e inédito va a costar más o menos lo mismo, “pese a que hacemos una serie de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de base cero”.
Afirmó que el INE debe garantizar mínimas condiciones de participación “con las reglas que nos dieron ustedes” y que hay manera de reducir el gasto en la elección judicial, como contratar menos personal de capacitación o, en lugar de instalar 170 mil urnas cerca de las casas de los votantes, se pongan centros de votación.
Hay opciones, dijo, pero se requiere conocer el margen presupuestal para saber si se contratan a 50 mil personas o a menos. Es un impacto que debemos tener claro, porque los recortes en las diferentes áreas “no es una decisión que el INE pueda tomar solo”.
“Cuando nos dicen qué le pueden bajar, no Congreso de la Unión, ustedes, díganos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios, para que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía está acostumbrada. No es un asunto de pesos y centavos, es un asunto del valor, de cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial”, enfatizó.
Subrayó que su propuesta es tener un presupuesto suficiente y afirmó que se han tomado medidas de austeridad; “hemos adaptado cosas como la firma electrónica, las plazas que quedan vacantes no se van a ocupar. También hemos tomado medidas en el uso de recursos”.
En tanto, la consejera Rita Bell López Vences explicó que se pide mayor presupuesto porque se está atendiendo el mandato de la reforma que se hizo al Poder Judicial, por lo que hay cambios en la forma en la que se desarrolla la elección e implica una serie de actividades.
Se contemplan –dijo– mayores recursos por las situaciones que se tienen que prever, dado que sería la primera elección, es inédita y hay cambios en la logística, la mecánica y la metodología que se tiene que realizar. Por eso, es el presupuesto que se está solicitando, que “sí es más alto que el de 2024 con todo y que se tuvo una elección del Ejecutivo y del Legislativo”.
Comentó que el presupuesto del INE está conformado por un presupuesto base, mínimo, que se traduce en cubrir todos los gastos de la operación del Instituto, las actividades ordinarias y las de educación cívica, asambleas para la constitución de nuevos partidos.
Se trata, añadió, de un presupuesto que está alineado al plan estratégico del INE y cubre el conjunto de proyectos que se agrupan con base en objetivos estratégicos institucionales, así como un presupuesto precautorio que se considera para cubrir necesidades eventuales como la consulta popular y elecciones extraordinarias.
López Vences dijo que se va a legitimar a personas que van a impartir justicia en este país, y las y los diputados tendrán que decir qué se quita de lo que se propone.
Mencionó que se cuenta con componentes y herramientas de evaluación del presupuesto, así como propuestas de mejora, fortalecimiento e integración del presupuesto institucional, por lo que se prevé que no solo sea más económico, sino que mejore.
Puntualizó que la forma de ayudar al Instituto es que, si se reduce el presupuesto, que sea lo mínimo; esto, con el fin de asumir que, ante cada reducción, se tendrán que hacer ajustes. “Pediríamos que si piensan en reducir no sea drástica”.
Con información de la Cámara de Diputados
