Raúl Flores Martínez.
El uso de carros bomba y drones explosivos en México no es solo un recurso bélico, sino también un mensaje político. En un contexto donde los cárteles de la droga operan como verdaderos actores políticos, estos ataques representan su capacidad para desafiar al Estado y a sus rivales.
La explosión de ayer en la la comunidad de Limita de Itaje alrededor de las 3:20 de la mañana, seguido por detonaciones de armas de fuego y posteriormente el avistamiento de columnas de humo. Al interior de la camioneta Pick Up se localizó un fusil Barrett-50, púas de acero para ponchar llantas, y en las inmediaciones, restos de un dron, es un recordatorio de que los carros bomba, introducidos en México hace 14 años, siguen siendo un método efectivo para sembrar el terror.
Aunque no es común su uso, cada vez que se emplea deja una huella imborrable en las comunidades afectadas. Este acto, en particular, ocurre en un momento de alta tensión, posiblemente como respuesta a los movimientos en el liderazgo del Cártel de Sinaloa.
Por otro lado, los drones explosivos, cuyo primer uso documentado por el crimen organizado en México ocurrió en 2017 en Michoacán a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, representan una evolución preocupante en la estrategia criminal. Su facilidad de adquisición, adaptabilidad y bajo costo los convierten en herramientas perfectas para realizar ataques quirúrgicos con un alto impacto psicológico.
La presunta desaparición del Mayo Zambada ha desestabilizado el panorama criminal en Sinaloa. Considerado el estratega más longevo y discreto del narcotráfico en México, Zambada representaba un eje de control dentro del Cártel de Sinaloa. Su posible ausencia deja un vacío que, en un contexto tan volátil, tiende a generar disputas internas y un aumento de los enfrentamientos con las escisiones del cártel.
En este contexto, las explosiones de carros bomba y los ataques con drones explosivos no solo son tácticas de guerra, sino también herramientas para marcar territorio y enviar mensajes claros a quienes intentan ocupar el lugar de Zambada.
La lucha por el control del cártel implica una reorganización del crimen en Sinaloa, lo que incrementa el riesgo de actos de violencia extrema, donde la población civil, como siempre, es la más afectada.
El miedo se ha convertido en una constante en las comunidades de Sinaloa, donde actos como la explosión reciente generan una sensación de inseguridad que va más allá del daño físico inmediato.
El impacto psicológico de saber que el crimen organizado tiene acceso a tecnologías modernas y capacidad logística para operar con impunidad deja a la ciudadanía en un estado de indefensión. A esto se suma la falta de respuestas claras y efectivas por parte del Estado.
Mientras los grupos delictivos modernizan sus tácticas, las instituciones de seguridad parecen estar un paso atrás, incapaces de prevenir o neutralizar este tipo de ataques.
El simbolismo de estas explosiones es innegable. En el caso de los carros bomba, la visibilidad del ataque es clave para sembrar el terror y asegurar que el mensaje llegue a todos: enemigos, autoridades y población civil. Por otro lado, los drones explosivos representan una adaptación tecnológica que combina precisión, modernidad y bajo riesgo para los perpetradores, consolidando su utilidad en la guerra del narcotráfico.
La explosión en la comunidad de Limita de Itaje y la escalada de violencia en Sinaloa ponen en evidencia la necesidad de replantear las estrategias de seguridad en México. Es imperativo que el gobierno invierta en tecnología, inteligencia y capacitación para enfrentar estas nuevas amenazas, al tiempo que refuerza el tejido social en las comunidades más afectadas.
