Raúl Flores Martínez.
En las últimas semanas, México ha sido testigo de una escalada de violencia que ha dejado profundas cicatrices en los estados de Guanajuato y Morelos, los asesinatos, atribuidos a la disputa entre grupos criminales y la incapacidad de las autoridades para contener la crisis, subrayan la persistencia de la inseguridad en el país.
Guanajuato, históricamente conocido por su riqueza cultural y su importancia industrial, se ha convertido en el epicentro de la violencia en México. Durante el último mes, el estado ha registrado múltiples ejecuciones, con escenas de extrema violencia que incluyen cuerpos abandonados en lugares públicos y mensajes atribuidos al crimen organizado.
La última masacre se dio este fin de semana con un saldo de ocho personas ejecutadas y dos heridas, entre las víctimas mortales dos bomberos y un paramédico que solo fueron a tomar unas copas en un bar.
La lucha entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha exacerbado la situación, dejando a la población civil atrapada en medio del conflicto. En León, Celaya e Irapuato, las balaceras y los ataques han sembrado el terror entre los habitantes, obligándolos a modificar sus rutinas y vivir con miedo constante.
En Morelos, los homicidios también han aumentado de manera alarmante. La situación alcanzó un punto crítico tras el hallazgo de varios cuerpos desmembrados en Cuernavaca, la capital estatal, y en municipios aledaños.
Jiutepec no es la excepción, nueve muertos en una bodega que era utilizada como picadero, nueve víctimas de la disputa de las organizaciones criminales vinculadas con grandes cárteles nacionales.
Además, los asesinatos de líderes sociales y políticos han incrementado la percepción de inseguridad en el estado, lo que pone en evidencia la fragilidad institucional y la falta de estrategias efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
Tanto en Guanajuato como en Morelos, la violencia se ha visto impulsada por altos niveles de impunidad y la incapacidad de las autoridades para implementar una estrategia de seguridad integral. Según datos de organizaciones civiles, más del 90% de los homicidios en México quedan sin resolver, lo que alimenta la sensación de que el crimen puede operar sin consecuencias.
Los gobiernos estatal y federal han anunciado operativos especiales, pero los resultados hasta ahora han sido limitados, no es un secreto que muchos casos, los esfuerzos se enfocan más en militarizar las calles que en atender las raíces del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en las fuerzas del orden.
La violencia en Guanajuato y Morelos refleja una crisis nacional que requiere una respuesta urgente. Es fundamental que las autoridades diseñen políticas de seguridad efectivas, basadas en inteligencia y prevención, además de fortalecer el sistema judicial para garantizar que los crímenes no queden impunes.
Mientras tanto, los ciudadanos de estos estados continúan viviendo en medio del temor, esperando un cambio que les devuelva la tranquilidad y la esperanza en el futuro.