Raúl Flores Martínez.
La región del Arco Norte, en los límites entre el Estado de México, Querétaro e Hidalgo, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para el transporte de carga en México, un corredor desolado por las autoridades.
Este corredor estratégico, vital para las cadenas logísticas del país, enfrenta una crisis de seguridad marcada por altos índices de robo, desapariciones de vehículo y también es utilizado desde hace año por las organizaciones criminales dedicados a la trata de personas.
Estas organizaciones provenientes en su mayoría de Tlaxcala sustraen a las menores en el centro del país, las trasladan en los camarotes de los tractocamiones que circulan por el Arco Norte con la facilidad que dan las autoridades de no revisar los tráileres.
De acuerdo con estadísticas recientes, el Estado de México concentró el 30 por ciento de los robos de carga registrados en el primer trimestre de 2024. Puebla, con un 24 por ciento, ocupa el segundo lugar, mientras que Hidalgo muestra un incremento alarmante del 72 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023.
Estos datos subrayan la creciente vulnerabilidad de los transportistas que cruzan esta región, si tomamos en cuenta que, a nivel nacional, el promedio es de 57 robos diarios por unidad de carga.
Los alimentos y bebidas son los productos más robados, seguidos de materiales de construcción y bienes industriales, reflejando el impacto directo en las cadenas de suministro y en el costo final.
Dentro de esta zona, los tramos más peligrosos incluyen el recorrido de Acambay hacia Aculco y el ingreso con la autopista a Querétaro en Polotitlán, estas rutas, que conectan puntos clave de la distribución logística, han sido escenario de constantes ataques delictivos, afectando no solo a transportistas, sino también a empresas que dependen del traslado de diversos artículos, incluyendo medicamentos.
La inseguridad en el Arco Norte no solo genera pérdidas económicas millonarias, sino que también impacta la estabilidad laboral de los transportistas y encarece los bienes que llegan a los consumidores, resolver esta crisis no es solo una cuestión de seguridad, sino un paso crucial para proteger el motor económico que representa el transporte de carga en el país.
