Por. Raúl Flores Martínez
La violencia contra las mujeres en México continúa siendo un tema crítico y alarmante, prueba de ellos son los datos oficiales que señalan que, de enero a septiembre del presente año, se cometieron 248 mil 854 delitos contra mujeres, 9 mil 862 por acoso sexual y 2 mil 642 por violación.
Además de que en México siete de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida, el feminicidio es la última de las etapas de las diversas violencias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 30 millones de mujeres mayores de 15 años han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, violencias que se debe detener.
La violencia contra las mujeres en México no solo se traduce en agresiones físicas o psicológicas, sino que encuentra sustento en un entramado cultural, social e institucional que permite su perpetuación.
Instituciones encargadas de garantizar justicia y protección a las víctimas, como ministerios públicos, tribunales y corporaciones policiacas, con frecuencia reproducen dinámicas de misoginia, revictimización hasta la omisión de investigaciones.
Algunas víctimas a pesar de tener diversas violencias por sus agresores coinciden en una sola, la violencia institucional que les dificultan el acceso a la justicia, una justicia que es comprada por sus victimarios.
Uno de los casos que no han sido dados a conocer, es el de Mon, así le llamaremos porque así lo solicitó, entró a laborar en Audi Center Santa Fe en 2023, su entrada ante los ojos de su gerente Joaquín López era un festín de carne fresca.
Primero fue el constante acoso sexual, qué fue rechazado de inmediato. Este rechazo generó el enojo de “El jefe que me puso más trabajo e incluso, me cambió de área y me bajó el sueldo”. A la par el supervisor de zona de Audi, Gerzain Ordaz, inició el acoso que concluyó en un abuso sexual.
Esto sucedió en los talleres de la concesionaria de Santa Fe, donde el supervisor la llevó bajo el pretexto de un examen de conocimientos, una trampa para llevar a consumar su delito.
“Y me dijo, pues ahora te voy a enseñar quiero ver tus pezones, quiero verte, quiero verte, si no aquí no. Yo llevaba una blusa una camisa blanca de vestir con botones y una falda negra, mi falda era acá, si mi blusa era entallada, pero pues ahora entiendo que no tenía nada que ver, me empezó a tocar y besar, ay… yo no podía hacer nada…perdón…Yo no quería hacer nada de eso”.
Un evento traumático que la llevó a tomar diversos medicamentos para calmar la ansiedad y el estrés que le generó el abuso sexual, prueba de ello está en la incapacidad de trabajo que dictó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el folio 53-2230 donde se determinó que era necesario el tratamiento psiquiátrico.
“Tomo 10 distintas pastillas que me recetó la psiquiatra para calmar mi miedo, ansiedad y los ataques de pánico que tengo, deje de laborar por lo mismo, llevó un año sin tener ingresos, todo por la culpa de estos dos desgraciados (Joaquín y Gerzain).
El peregrinar de Mon en el ministerio público, es el mismo que tiene Martha Marlene, quien ha perdido a sus tres hijos al ser sustraídos por su expareja bajo el amparo de un funcionario del gobierno de la Ciudad de México.
Martha Marlene ha sufrido diversos tipos de violencia desde que se casó en 2019. En 2022 es otra víctima más de la denominada violencia vicaria, su expareja, Ivi Malpica, trabaja para el Ingeniero, Alejandro Barrientos Galván, exdirector General de Obras de la alcaldía Iztapalapa y ahora funcionario del gobierno de la Ciudad de México, quien utilizando sus influencias ha logrado frenar las tres carpetas de investigación por los delitos de corrupción de menores CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/01483/08-2023 y violencia familiar CI-FIDVF/CJM-AZ/UI-2 S/D/00208/03-2022 y retención de menores CI-FIDCANNA/59/UI-3C/D/03509/08-2024.
Esta protección ha desencadenado una serie de eventos violentos contra Marlene y su familia en su hogar ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, donde se han trasladado los funcionarios públicos en compañía de trabajadores de la alcaldía Iztapalapa para generar temor, de acuerdo con los videos en poder de la Fiscalía capitalina.
En casos como este, los agresores con poder político o económico manipulan el sistema judicial para despojar a las mujeres de sus derechos sobre sus hijos, lo que representa una doble revictimización: emocional e institucional.
