El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó hoy su preocupación por una propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La reforma, que forma parte de una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, dijo Türk. “La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
Mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, dijo el Alto Comisionado. “En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, agregó.
Si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos, señaló el Alto Comisionado.
Una amplia reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. “En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, dijo Türk. La introducción en la reforma de la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos”, dijo.
