Carlos J. Pérez García

Carlos J. Pérez García.

El presupuesto de un país nos muestra muchas cosas: de entrada, las prioridades que define un gobierno al asignar recursos a diversos renglones, así como sus supuestos, limitaciones y objetivos con sus vías para alcanzarlos.

Por las herencias malignas que dejó el anterior gobierno, para 2025 no parece nada fácil armar un presupuesto que sea congruente y no esté alejado de la realidad. Se perciben esfuerzos optimistas o fantasiosos en cuanto a la tasa de crecimiento (entre 2 y 3%, el doble de otras previsiones) o la reducción del déficit fiscal (de 6% a 3.9% del PIB, enorme para un gobierno populista). Tal vez se busca influir en las expectativas.

Igual, se intenta bajar el desmedido endeudamiento que según López Obrador no existía, evitar una recesión inflacionaria que trastorne el tipo de cambio y normalizar las perspectivas económicas en un marco de crecimiento. Eso, sin tomar aún en cuenta las amenazas de Trump en caso de que el gobierno mexicano siga sin hacer lo que consideran le corresponde en materia de migración y tráfico de drogas.

Al gobierno de Claudia Sheinbaum le dejaron inercias de gastos excesivos sin mayores márgenes para racionalizar ni para generar acciones e iniciativas. El secretario de Hacienda no habrá hecho gran cosa pues el dictadorzuelo les puso camisas de fuerza, y puede resultar trágica una economía prendida de alfileres.

Tenemos severas restricciones por los bajos niveles de crecimiento y de recaudación tributaria, así como por la pandemia de corrupción y lo mal que gastamos: 464 mil millones en Pemex, 545 mil millones en CFE y 835 mil millones en programas sociales que son un paliativo, en lugar de facilitar la inversión privada con infraestructura, educación, salud y seguridad para apoyar la creación eficiente de empleos. Pero será difícil sin autonomía en los sistemas de justicia y transparencia.

Algunos de los peores efectos negativos del mal gobierno de AMLO se dejarán sentir a lo largo de generaciones, aunque es urgente que las cosas no se salgan de control a corto plazo. Esto, oigan, sería fatal para todos.

En conjunto, viene a ser la más bestial imbecilidad de nuestra historia… un obsceno retroceso. ¡Pobre país, podríamos aspirar a un mejor futuro y vamos directo al peor pasado!

* PARA EL NOBEL DE Economía 2024, James A. Robinson, México tiene crecientes problemas con el Estado de Derecho y la calidad de sus instituciones, lo que va contra una economía próspera e incluyente. Nos alejamos así del crecimiento económico, la creación de empleos remunerados y la crucial disminución de la pobreza, así como de una menor desigualdad social por encima de la pobreza.

A su vez, ojo, el Jefe Máximo y sus diputados antieconomistas y antijurídicos (de puntos anticonstitucionales) han acreditado estos años una actitud patética y destructiva que lleva a resultados opuestos a lo que pregonan… por ejemplo, claro, al forzar su reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos (¡el INAI!). Su demagogia, sus ambiciones de poder y sus fijaciones con el pasado en contra del futuro habrán generado un peor país y la Historia no los absolverá.

* EN LOS ESTADOS QUE son gobernados por la 4T se dan también las desgracias e incongruencias del populismo autoritario a nivel federal, lo cual incluye políticas contraproducentes y ángulos delincuenciales de diversos tipos y alcances. Resultan muy graves en más o menos la mitad de 24 entidades: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Sonora, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Colima y Baja California.

Eso lo observamos en mayor o menor medida con cada gobernador, como en San Luis que resaltan los antecedentes penales y el abuso del clientelismo electoral a través de regalos personalizados y espectáculos que atraen y distraen a las masas, sin avanzar en la solución de los problemas de fondo. La impunidad prevalece entre la mayoría de ellos, aunque aquí es más notoria pues el mandatario ya estuvo preso y nunca fue exonerado. De hecho, el periodista Juan José Rodríguez ha revelado en estas páginas la reactivación de investigaciones (denuncia de la UIF ante la FGR) en contra del propio Ricardo Gallardo, que se encontraban pausadas.

Con todo, no es tan sencillo desaparecer poderes de un estado y la presidenta mantiene fuertes vínculos y compromisos, pero podría aceptar que le quitaran algunos lastres que la desprestigian e imposibilitan buenos gobiernos, sobre todo en casos extremos.

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