Francisco Garfias.
Avanza esa regresión bautizada como Segundo Piso de la Cuatroté. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la eliminación de siete órganos autónomos.
Desaparecen el INAI, el Coneval, el IFT, la Cofece, Mejoredu, la CNH y la CRE. Las funciones que desempeñan serán asumidas por el gobierno de Sheinbaum.
Hoy se discuten las reservas y se vota en lo particular. Destaca la presentada por Ricardo Monreal. El líder de la mayoría propone crear un órgano descentralizado que asuma las funciones del IFE y de la Cofece.
La votación fue de 347 votos oficialistas a favor y 124 opositores en contra.
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Consumada la regresión surgen las preguntas: ¿El gobierno va a ser garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales?
La respuesta es no. Basta con recordar la pregunta: “¿Cuánto Gana Loret?”. Ya todo mundo lo sabe. AMLO lo divulgó en la mañanera. ¿Protección de datos personales? Ajá.
¿Cree usted que el gobierno va a generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México como lo hace el Coneval? Los otros datos nos dicen que no.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó en el G-20, reunido esta semana en Río de Janeiro, Brasil, que México es el país menos endeudado de la OCDE.
Al día siguiente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, salió a hablar del “sobrendeudamiento” del país.
La diputada Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la SCJN, subió a la tribuna a defender la desaparición de los órganos autónomos. En tono con sesgos chairos dijo:
“No podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas del 2013 y 2014 que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado.
“No atendieron las necesidades de la Nación”, puntualizó.
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Lo ocurrido ayer en San Lázaro es parte de la herencia del líder máximo de la 4T. Me refiero al famoso “Plan C” que le impuso a la presidenta que lo adoptó como propio.
Al líder máximo nunca le gustó la transparencia y mucho menos la rendición de cuentas.
Sus obras prioritarias las declaró de interés público y de seguridad nacional. No hay acceso a la información sobre montos de los contratos, costos, beneficiarios, comisiones.
Son miles de millones de dólares lo que costaron la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el AIFA, los aeropuertos de Tulum, Palenque, Chetumal…
La Suprema Corte de Justicia anuló el decreto que declaraba de interés público y de seguridad nacional. Alegó que era “inconstitucional”. Así les fue a los togados que se atrevieron a hacerlo.
Ocho de los once ministros que integran el Pleno de la Corte fueron obligados a renunciar con fecha del 31 de agosto de 2025.
Las tres ministras identificadas con la 4T –Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres- buscarán conservar la toga, vía las urnas. Saben que llevan mano.
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Ya que estamos. El INE pidió ayer una prórroga de 90 días para la elección de jueces, magistrados y ministros, convocada para el primero de junio del 2025.
La razonable petición fue formulada por ese instituto en un oficio dirigido a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y a Sergio Gutiérrez Luna, su homólogo en la Cámara de Diputados.
El INE argumenta que en la elección se disputan 881 cargos, 5 mil 379 candidaturas, más de 100 mil precandidatos. Tres comités deberán evaluarlos.
Añade que hasta el 13 de noviembre, se habían notificado 572 amparos y 366 suspensiones contra los actos relacionados contra la reforma al Poder Judicial o con las actuaciones del INE.
“El ejercicio de estas acciones ha generado un retraso considerable en el desarrollo y aprobación de aquellos que tengan como objetivo llevar a buen puerto las etapas siguientes, atendiendo también a que no se cuenta con el tiempo que en procesos anteriores se tiene, aunado a que en materia electoral no están previstos los efectos suspensivos de los actos de autoridad”.
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En su primer mes del mandato de Claudia Sheinbaum se registraron 2 mil 564 homicidios dolosos, según la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera.
Si lo dividimos entre los 31 días que tiene el mes de octubre, el resultado nos da 82.7 asesinatos diarios.
La tarea que tiene enfrente el supersecretario Omar García Harfuch no sera fácil. Ya le dieron capacidades de investigación, de Coordinación y supervisión a la Secretaria de Seguridad. Será el eje de la lucha contra el crimen organizado.
¿Se le cuadrarán los secretarios de Defensa y de Marina? Es pregunta.
FIN
