Raúl Flores Martínez.
La frase “abrazos, no balazos”, derivada de la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México.
Este enfoque, que prometía priorizar la atención social sobre la confrontación armada, generó expectativas de pacificación, pero dejó un país sumido en la inseguridad, con cifras alarmantes de violencia que aún afectan a millones de mexicanos.
Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), México experimentó algunos de los años más violentos de su historia ya que de acuerdo con datos oficiales, se registraron más de 150 mil homicidios dolosos, una cifra que supera los ya altos índices de administraciones anteriores.
Pese a ello, el gobierno defendió su estrategia, argumentando que el uso de la fuerza sólo había intensificado la violencia derivada de la confrontación de la mal lograda “guerra contra el narco” del ex presidente Felipe Calderón.
El concepto detrás de “abrazos, no balazos” se basaba en atacar las raíces de la delincuencia, ofreciendo oportunidades laborales, educativas y programas sociales para jóvenes en riesgo.
Si bien esta premisa es válida y necesaria, su implementación fue insuficiente y careció de resultados tangibles en el corto plazo. Mientras tanto, los cárteles de la droga y otros grupos criminales fortalecieron su control territorial, desafiando a un Estado que evitaba confrontarlos terriblemente.
Casos como el “culiacanazo” en 2019, cuando el gobierno decidió liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras un operativo fallido en Sinaloa, evidenciaron la debilidad de la estrategia. Este episodio envió un mensaje contradictorio: que el gobierno estaba dispuesto a ceder ante la presión del crimen organizado.
El impacto de esta política no solo se refleja en las cifras de homicidios, sino también en delitos como el secuestro, la extorsión y el desplazamiento forzado, que aumentan en diversas regiones del país.
Diariamente comunidades enteras viven bajo el yugo de los cárteles, mientras que la población reclama acciones contundentes para recuperar sus tierras, sus casas, sus vidas, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Michoacán, sólo por mencionar algunas entidades.
Hoy, la pregunta es si México aprenderá de este capítulo oscuro de su historia, si el gobierno de Claudia Sheimbaun enfrenta el reto de reconstruir la confianza ciudadana, fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, y garantizar que los “abrazos” vayan acompañados de acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas.
La seguridad no puede ser una elección binaria entre la represión y la pasividad: debe ser una combinación inteligente de prevención, fuerza legítima y la aplicación de las leyes bajo el marco del debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos.
