Ciudad de México.- La licitación para la entrega de vales de fin de año a los trabajadores de la Ciudad de México ha generado diversas inconformidades entre los participantes, quienes acusan que un candado del proceso benefició a una sóla empresa de las tres que adquirieron las bases de la licitación bajo el número SAF-DGRMSG-LP-05-24.
Según informó Proceso, uno de los puntos centrales de la polémica radica en el requerimiento de contar con un convenio de afiliación con la Central de Abasto (CEDA), estipulado en las bases del concurso SAF-DGRMSG-LP-05-24, cuyo fallo se prevé para este miércoles 14 de noviembre.
De acuerdo con los inconformes, este requisito otorgó una ventaja a Broxel, S.A. de C.V., propiedad de Gustavo Gutiérrez, que ya poseía un convenio modificatorio vigente desde 2022.
En contraste, otras empresas competidoras denunciaron que enfrentaron obstáculos para obtener el acuerdo, presuntamente por la negativa de Juana Osorio Evia, Gerente Administrativa de la CEDA, de firmar convenios con ellos.
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), liderada por Beatriz Adriana Espinosa López, fue la encargada de supervisar la evaluación de las propuestas, pese a que las bases establecían que la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo debería haber asumido esa función.
Ante las supuestas irregularidades, la empresa Toka presentó una queja formal ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, encabezada por Juan José Serrano Mendoza, señalando que la negativa de la CEDA para suscribir el convenio podría representar un vicio en el proceso que favorece sólo a Broxel.
Toka destacó que desde junio pasado, intentaron establecer un convenio de afiliación con la CEDA, sin éxito. La situación se agravó el 12 de noviembre, cuando la Central de Abasto respondió a su solicitud alegando que no existían convenios firmados con empresas del sector de vales. Para documentar la imposibilidad de obtener el acuerdo, Toka acudió con un corredor público, quien dio fe notarial de la situación, que también ya es del conocimiento del Órgano de Control Interno (OIC).
La adjudicación del contrato para los vales de despensa navideños representa un impacto económico significativo para el erario público. Cálculos preliminares sugieren que, de asignarse a Broxel, la ciudad podría perder cerca de 400 millones de pesos, ya que la propuesta de Toka ofrecía una bonificación del -2.02%, comparada con el -1.0% de Broxel, lo que habría significado un mayor beneficio económico bajo un esquema de subasta pública inversa diseñado para maximizar el ahorro público.
Redacción
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