Raúl Flores Martínez.
En el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, habitantes y organizaciones civiles han alzado la voz contra presuntos actos de corrupción cometidos por elementos del grupo táctico de la policía municipal.
La denuncia principal es que estos agentes se dedican a detener a jóvenes para extorsionarlos con cantidades que oscilan entre los 10 y 30 mil pesos, bajo amenazas de ser acusados de diversos delitos.
Testimonios de algunas víctimas y familiares revelan que los oficiales interceptan a los jóvenes en la vía pública sin motivo aparente, bajo el argumento de investigaciones o revisión de rutina, los agentes proceden a intimidarlos y amenazarlos con cargos graves, como portación de arma, posesión de drogas, robo o incluso extorsión.
Si los detenidos o sus familias no ceden al pago de las fuertes sumas exigidas, los jóvenes son consignados y enfrentan procesos penales con acusaciones que, según familiares, son fabricadas y sustentadas con testigos falsos o pruebas manipuladas.
Estos actos han generado una ola de indignación en Valle de Chalco, un municipio que, como muchos otros en el Estado de México, enfrenta altos índices de violencia y criminalidad.
Sin embargo, la ciudadanía denuncia que la misma policía, en lugar de combatir el crimen, se ha convertido en un ente de miedo e intimidación para los jóvenes del municipio.
Hasta el momento, la presidencia municipal no ha emitido declaraciones al respecto, aunque organizaciones civiles exigen que se realicen investigaciones para esclarecer las denuncias y se sancione a los oficiales implicados en estos abusos.
Mientras tanto, los habitantes del Valle de Chalco piden a las autoridades estatales y federales que intervengan para poner un alto a estas prácticas y restaurar la confianza en la policía municipal, una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía, no en su contra.
