Fernando Moctezuma Ojeda.
México atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de su historia reciente. La violencia, que no ha dado tregua en las últimas décadas, sigue marcando el día a día de millones de ciudadanos, con cifras de homicidios y ataques que continúan elevándose, a pesar de los esfuerzos de diversas administraciones por controlar la situación. En lo que va de 2024, el país ha registrado más de 30,000 homicidios, una cifra que mantiene la alarmante tendencia de los años anteriores, reflejando la persistencia de un ciclo que parece no encontrar fin.
Uno de los aspectos más visibles de esta crisis es la continua violencia vinculada al crimen organizado. La lucha entre grupos criminales por el control territorial, especialmente en estados como Sinaloa, sigue dejando un saldo doloroso de muertes y afectando no solo a las comunidades más vulnerables, sino también a funcionarios y políticos. En las últimas semanas, hemos sido testigos de hechos como el asesinato del alcalde de Chilpancingo y un ataque armado en un bar de Querétaro que dejó diez muertos. Estos incidentes demuestran que, aunque algunas regiones se consideraban relativamente tranquilas, la violencia se ha expandido a lo largo y ancho del país, alcanzando incluso a ciudades que históricamente no habían sido tan afectadas.
La situación en estados como Tabasco, con una ola de violencia que incluyó quema de vehículos y la aparición de cuerpos embolsados, resalta otra dimensión de esta crisis: la agresividad de los cárteles en su intento de consolidar el poder. Estos hechos, sumados a los informes de violencia política, como el asesinato de candidatos y aspirantes en los pasados procesos electorales, revelan un contexto donde la seguridad y la democracia parecen estar en constante amenaza. La violencia, en este sentido, no solo es un tema de orden público, sino un factor que interfiere directamente en el ejercicio democrático.
En paralelo, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, aunque ha registrado una ligera disminución en algunos casos. De acuerdo con las últimas encuestas del INEGI, el 59.4% de las y los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, una cifra que si bien es inferior a la de trimestres previos, sigue siendo elevada. Las disparidades entre las regiones son notorias: mientras que en Fresnillo, Zacatecas, la sensación de inseguridad alcanza un 94.7%, en San Pedro Garza García, uno de los municipios más seguros de Nuevo León, solo un 11.7% de los habitantes perciben un entorno inseguro.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la expectativa sobre cómo abordará esta crisis de inseguridad es alta. La presidenta ha presentado un plan de seguridad centrado en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas sociales del crimen, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En su enfoque, Sheinbaum ha subrayado la importancia de evitar una “guerra contra el narco”, proponiendo un modelo más preventivo, basado en la prevención y la atención de las causas subyacentes del crimen, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.
Sin embargo, aunque las intenciones del nuevo gobierno son claras, la tarea es monumental. La violencia en México no es homogénea; varía según la región, el tipo de delito y las dinámicas locales. La violencia relacionada con el crimen organizado en particular, es un fenómeno de complejidad extrema que involucra disputas entre grupos, lavado de dinero, tráfico de armas, personas y drogas; y otros delitos conexos. Esta realidad impone un reto significativo para el gobierno federal, que deberá coordinarse de manera eficaz con las autoridades locales para hacer frente a las múltiples manifestaciones de la violencia.
La consolidación de la Guardia Nacional como una institución clave en la lucha contra el crimen, si bien ha sido una prioridad en las últimas administraciones, sigue siendo un tema controversial. A pesar de los esfuerzos por darle un marco legal claro, la falta de una estructura plenamente autónoma y la creciente preocupación por la militarización del país generan dudas sobre la eficacia de esta estrategia a largo plazo. Asimismo, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación policial es esencial para conocer mejor las dinámicas del crimen organizado, pero también necesita recursos, capacidades operativas y la voluntad de romper con redes de corrupción que pueden estar infiltrando las propias fuerzas de seguridad.
Es fundamental entender que la violencia en México no puede resolverse de manera aislada, ni con una única estrategia. La crisis de inseguridad que vive el país exige un enfoque integral, que combine la fuerza del Estado con la colaboración de la sociedad civil, la academia, los empresarios y otros actores clave. Las políticas públicas deben ir más allá de la reacción ante los hechos de violencia, buscando también prevenirlas a través de la educación, el empleo y el bienestar social.
En este sentido, el nuevo gobierno enfrenta una tarea titánica, y aunque el plan de Sheinbaum apunta a un cambio de enfoque respecto a las administraciones anteriores, solo el tiempo dirá si este modelo preventivo será capaz de enfrentar una realidad tan compleja y violenta como la que se vive en diversas regiones del país. La crisis de inseguridad que vive México no es solo un tema de cifras y estadísticas; es una tragedia humana que afecta a miles de familias, y solo con una respuesta efectiva y coordinada se podrá comenzar a ver la luz al final de este largo túnel.
APUNTES CLAVE:
DESARROLLO: El gobierno de transición en Puebla, junto con la UTBIS y la BUAP, está promoviendo la integración de la tecnología como base para el desarrollo de la región. Durante una visita a la UTBIS, autoridades locales destacaron la importancia de Ciudad Modelo como un centro estratégico para el crecimiento, con énfasis en la juventud y la innovación tecnológica. La UTBIS, que forma ingenieros bilingües en áreas como robótica y mecatrónica, y la BUAP, con su modelo educativo Escuela-Industria, están impulsando la formación de profesionales preparados para los retos del sector tecnológico y sustentable. // CRISIS: El diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, afirmó que Tabasco enfrenta una crisis de seguridad y violencia sin precedentes, señalando al gobierno de Morena como responsable. En un mensaje difundido en redes, criticó la falta de respuesta del gobierno ante la creciente violencia en el estado, que afecta a todos los municipios. Además, hizo un llamado a la
ciudadanía para unirse a la estrategia del PRI de cara a las elecciones de 2027, presentando propuestas de infraestructura como nuevas carreteras y la construcción de un hospital de cancerología, buscando mejorar el desarrollo y bienestar en la región. //ELECCIÓN JUDICIAL: La diputada Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, rechazó el presupuesto de 13 mil millones de pesos propuesto por el INE para simular una elección en 2025, que considera busca legitimar la imposición de jueces “a modo” del régimen. Luna calificó esta cifra de “barbaridad” y subrayó que es inaceptable gastar tanto dinero cuando hay necesidades urgentes en México. La panista también criticó la reforma judicial impulsada por Morena, y señaló que la supuesta renovación del Poder Judicial es solo una simulación para fortalecer el control del gobierno sobre los jueces. Además, llamó a las ministras afines al régimen a renunciar y cuestionó la destitución de la ministra Norma Piña como venganza política. //COMISIONES: El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, destacó la necesidad de reducir las comisiones bancarias en México, ya que, de enero a agosto de este año, los bancos obtuvieron casi 170 mil millones de pesos solo por este concepto. Señaló que las comisiones bancarias en México son más altas que en otros países, como en Europa, donde representan entre el 18 y 19 por ciento de los ingresos de los bancos, frente al 35-37% en México. Moreira y el economista Mario Di Costanzo coincidieron en que los bancos mexicanos ganan tres veces más por comisiones que por otros servicios financieros. //PAN: Jorge Romero Herrera fue elegido por la militancia como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) para el periodo 2024-2027, con el 80% de los votos y el 91% de las actas computadas, según la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional. Tomará el lugar de Marko Cortés, quien lideró el partido desde 2018.
CONTACTO: [email protected] / Whatsapp / Telegram / Twitter / Instagram / TikTok
Visita fermoctezuma.news
@FerMoctezumaO
