Marissa Rivera.
“Quien puede utilizar la fuerza, no tiene necesidad de acudir a litigios” (TUCIDÍDES).
Hace 12 años, en mayo del 2012, el escritor, académico y abogado Gerardo Laveaga Rendón escribió el libro “Justicia”.
Una obra que expone al sistema de justicia penal en México.
Donde ministros de la Suprema Corte, jueces, abogados, ministerio público, corporaciones policiacas, centros de reclusión, todos, funcionan de manera absurda, aberrante, burocrática e inhumana.
La trama se centra en la aparición del cuerpo sin vida de una mujer y en el que la autoridad fabrica un culpable.
En la trama uno de los personajes del libro es ministro y se llama Alberto Pérez Dayán.
Siete meses después de la aparición de libro, el 22 de noviembre de 2012, el Senado de la República designó a Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hago mención del libro, porque en él, el personaje Pérez Dayán genera empatía y expone su misión de apoyar al pueblo de México.
Mientras en la vida real, el Pérez Dayán de carne y hueso, terminó por darle la espalda a los mexicanos.
Hoy, en la historia reciente de México hay tres nombres que jamás olvidaremos.
Su lugar ya tiene el espacio que merecen más allá de calificativos, repugnancia o simpatías.
El triunfo de la llamada 4T en las pasadas elecciones presidenciales fue inobjetable. Ganaron y punto.
Pero nadie, jamás, imaginó hasta dónde llegaría la ambición del poder.
Parecería obra de un ajedrecista, pero no.
Fue obra de alguien que descolocó el tablero y puso las piezas a modo, para arrebatar, pisotear, manipular, presionar, someter y doblar a quien se pusiera enfrente.
El primero es Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien, con su voto a favor, avaló la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.
Un atraco para la nación que erosionó los controles institucionales y comprometió la estructura constitucional al darle a Morena y sus aliados el 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, cuando obtuvieron el 54.7 por ciento de los votos, es decir, 20 por ciento más.
Cheque en blanco para modificar a su antojo cualquier ocurrencia constitucional.
El segundo es Miguel Ángel Yunes Márquez, panista que le debe la vida política a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares y su partido el PAN.
Quien a cambio de limpiar el expediente familiar y sobre todo el de su padre por señalamientos de enriquecimiento inexplicable, corrupción e incluso pederastia, dio al oficialismo el voto que necesitaba para aprobar la reforma al poder judicial.
Hoy, como héroe para unos y como traidor para otros se pasea orondo con el manto protector de Morena, incluso fue designado secretario de la Comisión de Energía del Senado.
El tercero es Alberto Pérez Dayán.
Ministro que junto con otros siete de sus compañeros renunció a participar en la elección para continuar en su encargo. Decisión lógica que respaldaba su rechazo a la reforma judicial.
Pero que de último momento sorprendió al separarse de ellos para votar en contra el proyecto que impedía dicha aberración constitucional.
Trascendió que se dobló por las acusaciones que había en su contra por abuso sexual.
De ser ciertas las acusaciones estamos frente a la exhibición de cómo se puede manipular la justicia en México. ¿Y la víctima? Vale más un voto que un ultraje.
De no ser ciertas estamos frente a la extorsión de un gobierno que como apunta el epígrafe: “quien puede utilizar la fuerza, no tiene necesidad de acudir a litigios”.
