Raúl Flores Martínez.
No es un secreto que la trata de personas es uno de los delitos más atroces y persistentes en México, y Tijuana se ha convertido en un foco de atención para estas redes criminales que han utilizado sus millones de dólares para tejer redes con autoridades de los tres niveles de gobierno.
En el corazón de esta problemática se encuentra el “Bar Adelitas”, un conocido establecimiento nocturno que opera en la Zona Norte de la ciudad que ha sido vinculado con el tráfico de personas y la explotación sexual.
En este espacio hemos dado a conocer diversos testimonios y denuncias que han revelado que este sitio era el centro de operaciones de una red de prostitución forzada dirigida por Juvenal Jiménez Loza, conocido en el ámbito criminal como “El Padrino”. Sin embargo, lo más alarmante del caso es la protección que Jiménez Loza recibe de autoridades y jueces, como es el caso del Juez de Control Enrique Hernández Miranda.
Que durante sus audiencias no ve más allá del cansancio que le dan sus 49 años, no ha visto que en el “Adelitas” por años ha sido uno de los bares más populares de la Zona Norte de Tijuana, famoso entre turistas y residentes. Sin embargo, para muchas mujeres, este lugar es un espacio de explotación sexual.
De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República, mujeres, muchas de ellas menores de edad, han sido obligadas a trabajar en este lugar contra su voluntad, sometidas a abusos físicos y psicológicos que incluso han sido ejecutadas.
Estas mujeres son traídas de diferentes partes de México y de países vecinos bajo engaños y falsas promesas de empleo y bienestar, una vez en el lugar, se les retiene en condiciones deplorables y se les obliga a trabajar en el comercio sexual, sin posibilidad de escape.
Juvenal Jiménez Loza, “El Padrino”, ha sido señalado como el líder de esta red de trata, s u operación incluye no solo el reclutamiento y la explotación de mujeres, sino también un sistema de control mediante amenazas y violencia.
La estructura de su red es extensa y opera sin mayor intervención policial lo que genera un oscuro entramado, una de las cuestiones más preocupantes es la presunta protección que Juvenal Jiménez Loza recibe por parte de jueces y autoridades en Tijuana.
Diversas fuentes han señalado que Jiménez Loza cuenta con contactos dentro del sistema judicial que le han permitido eludir la justicia en varias ocasiones, aunque ha sido denunciado y existen pruebas que apuntan a su responsabilidad en la explotación de personas, cada vez que enfrenta cargos, logra salir libre gracias a la intervención de figuras judiciales que parecen estar de su lado.
Estos señalamientos ponen en evidencia una red de complicidad en la que jueces, fiscales e incluso miembros de la policía podrían estar involucrados, lo que dificulta que las víctimas de trata puedan obtener justicia.
Esta red de protección se extiende, al parecer, no solo para garantizar la libertad de Jiménez Loza, sino también para intimidar y silenciar a quienes intentan denunciar.
Algo debe de quedar claro, el caso de Juvenal Jiménez Loza y el Bar Adelitas, es una muestra de cómo la trata de personas se mantiene en México gracias a la complicidad de quienes deberían estar encargados de combatirla. Sin una acción contundente y transparente por parte de las autoridades federales y un monitoreo constante de organizaciones de derechos humanos, es probable que este delito continúe cobrándose más víctimas con el apoyo de jueces que solo ven el cansancio de sus 49 años.
