Raúl Flores Martínez.
El crimen organizado en la Ciudad de México se ha consolidado como una de las mayores preocupaciones para las autoridades y los habitantes de la capital, no es un secreto que, en los últimos años, la presencia de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, el robo de vehículos, la extorsión y otros delitos de alto impacto ha ido en aumento, creando desafíos de seguridad para el gobierno de la ciudad.
Debido a su ubicación geográfica y su gran población, ha sido desde hace tiempo un punto de interés para el crimen organizado, es bien sabido que históricamente, la capital no era considerada como un bastión para los grandes cárteles nacionales; Sin embargo, esto ha cambiado.
Se han detectado cárteles y células locales y foráneas que operan en varios puntos estratégicos de la capital, incluyendo las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa. Estos grupos no solo se dedican al tráfico de drogas, sino también a otros delitos, como el secuestro, la extorsión y el robo de transporte y joyas.
Algunas organizaciones transnacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han logrado infiltrarse en algunas zonas de la capital, mientras que cárteles locales, como La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión, han expandido sus actividades delictivas en barrios y colonias de gran relevancia para la economía informal y del comercio formal.
Los grupos delictivos en la CDMX han utilizado distintas tácticas para expandir su influencia entre las más comunes se encuentran la extorsión a negocios y mercados locales, el control de territorios para la distribución de drogas y el reclutamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Tepito, por ejemplo, ha sido identificado como un punto clave para la distribución de drogas, con una red de narcomenudeo que alcanza toda la ciudad y zonas conurbadas del Estado de México con el apoyo de algunos elementos en activo de las policías capitalinas.
El crimen organizado en la Ciudad de México representa un desafío considerable para las autoridades, aunque los operativos y las estrategias de seguridad se han intensificado, los habitantes exigen respuestas más contundentes y soluciones a largo plazo que incluyan políticas de prevención del delito, mejora de las condiciones socioeconómicas y programas de integración para jóvenes en riesgo.
