Raúl Flores Martínez.
Veracruz, uno de los estados más importantes de México por su ubicación geográfica y riqueza cultural, se ha convertido en escenario de una crisis de derechos humanos marcada por desapariciones forzadas.
Aunque es difícil precisar la primera desaparición en la entidad debido a la falta de registros oficiales y una serie de conflictos internos en la historia reciente, se sabe que, a partir de la guerra contra el narcotráfico, lanzada en 2006, las desapariciones comenzaron a aumentar.
A lo largo de los años, este delito ha evolucionado y ha pasado de ser un caso aislado a una práctica constante que involucra no solo al crimen organizado, sino también a algunos elementos de las fuerzas de seguimiento.
Los primeros reportes de desapariciones en Veracruz se remontan a finales de los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, fue a partir de la década de los 2000 cuando estos casos empezaron a captar la atención de la sociedad y los medios de comunicación.
La desaparición de estudiantes, activistas y personas jóvenes comenzó a ser un fenómeno que alarmó a las familias, quienes, sin un mecanismo adecuado de búsqueda y justicia, tuvieron que organizarse para buscar a sus seres amados.
Aunque el estado no registró inicialmente un número elevado de casos en comparación con otras entidades, su importancia estratégica para el narcotráfico lo convirtió en un foco rojo. Veracruz es una vía de tránsito hacia el Golfo de México, una región deseada por grupos criminales debido a su posición geográfica, lo que explica en gran parte la escalada de la violencia y, con ello, la multiplicación.
Entre 2010 y 2016, durante la administración de Javier Duarte, las desapariciones en Veracruz se dispararon. Diversos testimonios de familiares y activistas apuntan a la complicidad entre funcionarios públicos y el crimen organizado como un factor determinante en la proliferación de desapego.
Casos emblemáticos, como el de los cinco jóvenes de Playa Vicente en 2016, secuestrados y asesinados por elementos de la policía estatal presuntamente coludidos con el crimen organizado, reflejan el nivel de impunidad y la crisis institucional que caracteriza a Veracruz en este ámbito.
La situación llevó a la creación de colectivos de búsqueda como “Solecito de Veracruz”, un grupo de madres y familiares que comenzaron a realizar búsquedas independientes debido a la inacción del gobierno en turno.
A pesar de la creciente presión de organizaciones y colectivos, las acciones gubernamentales para atender el problema de las desapariciones en Veracruz han sido ineficientes.
La búsqueda de la verdad y la justicia continúa siendo una misión pendiente para el estado de Veracruz, donde los familiares de los desaparecidos han tomado un papel fundamental en la defensa de la memoria y en la esperanza de que, algún día, su búsqueda de justicia.
