México.- Con posturas a favor y en contra, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron en tribuna sus puntos de vista en torno al dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
Primera ronda
El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) aclaró que la reforma no suprime el juicio de amparo, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que cualquier gobernado podrá ejercerlas cuando sienta que son vulnerados sus derechos humanos. Lo que se busca es evitar que los juzgadores se excedan en sus atribuciones al intervenir en las facultades exclusivas del constituyente.
Del PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá aseveró que las modificaciones eliminan controles constitucionales y quitan la posibilidad de que los ciudadanos presenten un amparo para proteger sus derechos. “El dictamen se elaboró en menos de 48 horas y no contiene los argumentos vertidos en la reunión extraordinaria ni tiene objetividad. Hay que respetar el compromiso con el pueblo y legislar para darle mejores condiciones de vida”.
Gerardo Villareal Solís, diputado del PVEM, destacó que el objetivo del dictamen es proteger la soberanía del pueblo y su capacidad de reformar la Constitución a través de sus representantes legítimos y, de ninguna manera, vulnera el juicio de amparo ni desmantela el control de constitucionalidad, ya que el amparo seguirá siendo una herramienta para la protección de los derechos individuales. “No se vulneran derechos ni se eliminan mecanismos de protección judicial”.
La diputada de MC, Laura Hernández García, aseguró que la reforma pretende eliminar la posibilidad de impugnar las adiciones y reformas a la Constitución; el cambio en esencia otorga al Poder Legislativo la facultad absoluta de modificar la Carta Magna sin la posibilidad de cuestionar, revisar o impugnar sus decisiones, incluso cuando éstas puedan ir en contra de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de Morena, afirmó que este cambio responde a las demandas y exigencias de las y los ciudadanos por una justicia ciega que beneficie a quienes no pudieron pagar un abogado defensor o llevaron un proceso que violentó sus derechos, porque el Poder Judicial estaba al servicio de unos cuantos. “La reforma va para defender la soberanía popular y la justicia”.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) resaltó que hoy se quiere destrozar lo que por décadas se ha construido, como es un andamiaje jurídico que defienda a todos los ciudadanos de los abusos del poder de la autoridad; la reforma amenaza el sistema de justicia, dando paso a una supremacía dictatorial. “El dictamen es un total atentado a la justicia constitucional, la democracia y el equilibrio de poderes”.
Por Morena, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez consideró que el Poder Judicial de la Federación y los ministros de la Suprema Corte de Justicia no son legisladores y la Constitución Política no es inconstitucional; con la reforma, de ninguna forma se afectan los derechos humanos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad democrática, la claridad constitucional y la certeza jurídica”.
María Angélica Granados Trespalacios, diputada del PAN, expresó que la modificación es la más regresiva de las reformas a la Carta Magna, ya que se coloca por encima de los derechos humanos, al establecer que cualquier disposición constitucional no sea debatible, indiscutible, incontrovertible, irreversible y despoja de la memoria de la Constitución a la progresividad de los derechos de la ciudadanía.
El diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) indicó que la reforma aclara lo que el marco legal ya establece: que el juicio de amparo no procede contra reformas o adiciones constitucionales, y que la Corte ha respaldado con sus criterios. Expresó que el verdadero fondo de esta discusión es la reforma al Poder Judicial, que no modifica derechos fundamentales, sino su estructura y métodos de integración.
Al fijar su postura, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) precisó que la reforma abre las puertas a una crisis constitucional, atenta contra los derechos humanos y podría sumir al país en una época de ilegalidad; se busca prohibir los juicios de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. “Con la Constitución no se juega ni mucho menos con el futuro de México. Se está poniendo en riesgo a la democracia”.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) ratificó su apoyo al dictamen porque defender la supremacía constitucional y la inimpugnabilidad de las reformas surgidas por el constituyente permanente es honrar la democracia. La Constitución es piedra angular de la democracia y la supremacía constitucional no es negociable; ninguna norma, autoridad o instancia pueden tener el poder para contradecirla”.
Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, estimó que las adecuaciones dejan en indefensión a la ciudadanía, al acabar con la figura del amparo en materia de defensa de reformas constitucionales, afecta a las minorías parlamentarias, así como a los estados y municipios, pues ya no podrán presentar controversias constitucionales y contraviene la progresividad de los derechos humanos.
Segunda ronda
El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) destacó la relevancia de la reforma que busca fortalecer el juicio de amparo y elevar a rango constitucional lo establecido en el artículo 61 de la ley en la materia. “El cambio no irá contra los derechos humanos y se legislará para cumplir el compromiso de defender al pueblo, al constituyente permanente y las facultades del Poder Legislativo”.
Por el PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo mencionó que la reforma amenaza los cimientos de la democracia y el sistema de contrapesos que han definido al país y nos coloca a una pendiente de autoritarismo. “Creemos en una Constitución viva, que responda al bien común y protegida de los excesos de poder. Votaremos en contra porque creemos en una democracia donde el poder debe rendir cuentas”.
Alejandro Avilés Álvarez, diputado del PVEM, subrayó que no se puede permitir a ninguno de los Poderes de la Unión actuar a su conveniencia y no a favor de la sociedad; se debe respetar el marco normativo y sus previsiones para proteger la voluntad del constituyente. “Urge actuar contra intentos carentes de legitimidad y fundamento, al eliminar dudas sobre la supremacía y garantizar desde el texto constitucional que nadie está por encima de ella”.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) afirmó que las modificaciones representan la caída de la República, el desmantelamiento de las estructuras democráticas y la eliminación de los derechos humanos, todo ello, al suprimir el arma que permite a la ciudadanía defenderse ante juezas y jueces. “Las y los legisladores gozarán de la facultad de modificar la Carta Magna sin frenos ni contrapesos y ninguna restricción”.
De Morena, la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez dijo que la reforma consolida la estabilidad, coherencia y supremacía de la Constitución, y tiene apoyo en la teoría de la rigidez constitucional, que la define como norma suprema, sólida y difícil de modificar para proteger la estructura y valores fundamentales del Estado, permitiendo cambios sólo a través de un consenso amplio y suficiente.
En su oportunidad, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (PRI) recalcó que la reforma pone en riesgo los principios básicos de la democracia y afecta los mecanismos de control que sustentan el sistema democrático, como es la controversia constitucional, la acción de constitucionalidad y el juicio de amparo, así como la certeza jurídica y los derechos de las y los mexicanos. “Exigimos respeto a la democracia y digamos no a la dictadura”.
Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, detalló que esta reforma es noble ya que no va a afectar en ningún momento a la ciudadanía; no se contradice ningún tratado internacional que el país haya firmado y se mantienen las facultades de la Suprema Corte de Justicia en el artículo 105 constitucional. “Se da paso al respeto del mandato del soberano, es decir se respetan plenamente las reformas”.
La diputada del PAN, María Isabel Rodríguez Heredia, mencionó que se repercute en los derechos constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “Un gobierno que defiende las garantías no le teme a la impugnación ni niega el acceso a la justicia. La Carta Magna es la última barrera frente al autoritarismo, por lo que debe estar del lado de la ciudadanía y no del poder”.
Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel señaló que se busca evitar un cambio constitucional mal hecho y garantizar que no haya controversia sobre reformas a la Carta Magna. “No se quita la garantía de amparo para las y los mexicanos, sino regresa lo que se le quitó al pueblo y da confianza en los tres Poderes de la Unión”.
Al manifestarse en contra, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) lamentó que se rompa la forma de gobierno que el pueblo de México, por medio del constituyente originario, ha definido para darle vida y viabilidad a una República representativa, democrática y federal. “La propuesta consagra un retroceso para la vida institucional de pesos y contrapesos del sistema democrático”.
Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, dijo que es mentira que se contraviene el control de convencionalidad, pues los derechos humanos, los fundamentales y las garantías individuales quedan plenamente salvaguardadas. “Es falso que se elimine los medios de control constitucional; las acciones de inconstitucionalidad y controversias se mantienen y lo único que se hace es adicionar párrafos”.
El diputado del PAN, Roberto Sosa Pichardo, manifestó que las adecuaciones atentan contra la democracia, la justicia y el equilibrio de poderes, ya que “de un plumazo se borra todo lo construido en décadas, donde se han forjado instituciones sólidas y fuertes. Hay que reflexionar respecto a la aprobación de este dictamen que destroza al país”.
Tercera ronda
La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) aseguró que hoy se da un paso contundente en la defensa de la voluntad popular, pues se establece un blindaje que no es un mero formalismo sino un compromiso con la gente de que su voz y su mandato serán respetados; tampoco se restringen derechos ni limita espacios de justicia, sino se reafirma que las reformas constitucionales se respeten y garantiza que los tres Poderes respetarán la soberanía popular.
Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada del PAN, expuso que la reforma es un ataque al sistema de derechos humanos, representa una grave amenaza para el Estado de derecho de las y los mexicanos y busca blindar las decisiones del Congreso. “Se anula la esencia de la justicia constitucional, elimina el derecho de la población a defenderse y que el Congreso se convierta en un poder sin contrapesos. La división de poderes está en peligro”.
Por el PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez señaló que el Poder Legislativo tiene todo el derecho y la facultad de reformar la Constitución Política, y hoy se pondrá en el texto supremo lo que establece la Ley de Amparo “para que les quede claro a los ministros cuáles son sus límites y que no son legisladores”.
El diputado Francisco Javier Farias Bailón (MC) dijo que hoy se traiciona al pueblo de México, al impedir bajo cualquier circunstancia que los ciudadanos puedan impugnar las adiciones o reformas, pues se busca que las y los legisladores hagan de la Constitución su voluntad; eso significa que los cambios que haga el Congreso sean irreversibles incluso si son contrarios a derechos.
De Morena, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti hizo notar que la reforma responde a una deuda histórica ante la corrupción que hay en el Poder Judicial. La reforma asegura que no haya nada ni nadie por encima de la Constitución. “Es un asunto de facultades legales y constitucionales que tiene el poder reformador para cambiar la ley fundamental y quienes están impedidos para resolver son los juzgadores”.
La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, sostuvo que hoy se están quitando los candados que tiene la Constitución, a fin de que todas las arbitrariedades y locuras que se piensen se lleven a cabo, “Se termina con el freno que se le pone al todo poderoso para implementar la Ley de Herodes, cuando México está en una profunda crisis y estamos en un llamado Estado de anarquía”.
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, diputada de Morena, explicó que la reforma sostiene los criterios que se han hecho valer por décadas en materia de revisión de reformas constitucionales; es decir, la Constitución no puede ser inconstitucional y esto no puede dar motivo a cambios por medio del Poder Judicial. “Que no extralimiten sus funciones, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial imparte justicia, a partir de normas ya establecidas”.
El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) resaltó que las reformas constitucionales comprometen a la República laica y federal, así como la soberanía de estados y municipios, pues se regresa “al centralismo Santanista” y al quitar los efectos de la controversia se suprime el poder a las entidades federativas de defenderse, y sus facultades tributarias.
Del PT, el diputado Adrián González Naveda subrayó que la reforma representa un proceso democrático como no se había visto antes en el país y el cambio no se detendrá con tácticas dilatorias y desleales a los principios democráticos y constitucionales.
A su vez, el diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) comentó que la reforma pretende la supremacía constitucional, “pero eso nunca se planteó y para colmo es una supremacía de la mayoría”. Es una reforma constitucional a modo, que les permite disponer de las instituciones y rompe con el equilibrio. “No a la reforma, no a la dictadura”.
La diputada de Morena, Gabriela Valdepeñas González, detalló que se clarifica para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable es que no hay supremacía judicial sobre la Constitución y que ésta no se toca; con la reforma, únicamente se perfeccionan los procesos constitucionales y se reivindican las reglas del control que han sido sobrepasadas.
Federico Döring Casar, diputado del PAN, consideró que la reforma “acribilla los derechos humanos, la libertad de expresión y de manifestación” e hizo referencia al artículo segundo transitorio relativo a que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto.
Con información de la Cámara de Diputados
