¡¡¡La inseguridad continúa y nadie da solución!!!

Raúl Flores Martínez.

La creciente violencia en estados como Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Guanajuato exponen, una vez más, las profundas deficiencias del sistema de seguridad en México, inseguridad donde los ciudadanos, cansados de promesas vacías y de estrategias de seguridad que no logran disuadir a las fuerzas criminales, exigen respuestas, mientras las autoridades ofrecen justificaciones que parecen justificar su inacción.

El clima de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con operativos y despliegues que, en el mejor de los casos, solo generan un control temporal, sin resolver el problema de raíz.

Ejemplo en Sinaloa es un bastión histórico de la violencia en el país, donde las organizaciones criminales imponen su ley y operan con relativa libertad, la creciente ola de enfrentamientos armados, bloqueos y asesinatos se han convertido a este estado en una zona de guerra no declarada, afectando tanto a los ciudadanos como al turismo y la inversión.

El despliegue de fuerzas federales y operativos es, en el mejor de los casos, un paliativo que no logra contener el poder de estos grupos, y las autoridades locales y federales, prefieren guardar silencio o minimizar el problema.

 En Guerrero, la colusión entre funcionarios locales y grupos delictivos es una realidad conocida por todos, menos por quienes podrían (y deberían) combatirla. La presencia de cárteles y grupos armados ha escalado hasta el punto en que la ciudadanía se encuentra prácticamente desprotegida.

El gobierno sigue sin aplicar una estrategia efectiva, y la presencia de instituciones de seguridad es prácticamente simbólica, permitiendo que la violencia escale sin límites.

 La violencia en Chiapas, que alguna vez fue un estado relativamente pacífico, se ha intensificado debido al conflicto entre cárteles y la presencia de grupos paramilitares, afectando tanto a los ciudadanos como a migrantes en tránsito. Chiapas, un estado fronterizo, es ahora un paso más en la ruta de los cárteles hacia el mercado estadounidense.

Las autoridades se muestran incapaces de mantener la seguridad en esta región crítica, dejando miles de personas en riesgo, lo mismo pasa en Guanajuato, uno de los estados con mayor crecimiento económico, también ha sido víctima del poder de los cárteles, que pelean por el control de la zona.

Los ciudadanos viven con miedo constante mientras las autoridades presentan como solución la detención de figuras menores y despliegues de tropas que apenas logran contener la violencia en el corto plazo. Guanajuato se ha convertido en un símbolo de cómo las autoridades prefieren maquillar los datos antes de resolver la situación.

 La población, atrapada en medio de esta guerra que el gobierno parece incapaz de ganar, exige justicia y paz, pero las autoridades, en lugar de poner en marcha soluciones a largo plazo y apostar por una política de seguridad integral, continúan aplicando operativos esporádicos e insuficientes.

No se trata de una lucha entre cárteles y fuerzas de seguridad, sino de una realidad en la que los ciudadanos son los principales afectados y en la que el gobierno parece haber perdido la capacidad (o el interés) de protegerlos.

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