Raúl Flores Martínez.
El gobierno de Chiapas, liderado por Rutilio Escandón Cadenas, ha estado en el ojo del huracán en los últimos años debido a múltiples acusaciones de corrupción, denuncias que han destapado una serie de irregularidades en la gestión de recursos públicos, especialmente en la adjudicación de contratos, lo que ha erosionado la confianza de la ciudadanía en la transparencia.
Uno de los principales focos de las acusaciones ha sido la falta de transparencia en la asignación de contratos para obras y servicios, diversas organizaciones han denunciado que la administración de Escandón ha otorgado contratos sin los debidos procesos de licitación, favoreciendo a empresas vinculadas al círculo político del gobernador.
Esta práctica ha encendido las alarmas sobre un posible sistema de favoritismos que margina a las empresas que no están alineadas con el poder político, sobre todo que se niegan al uso de sobornos, o “moches” que ha sido reportado en el sector de la construcción, afectando seriamente la calidad de las obras públicas.
Se estima que estos sobornos oscilan entre el 10 por ciento y el 20 por ciento del valor total del contrato, lo que supone un desvío de recursos públicos y un impacto directo en la calidad de los proyectos, como hospitales, clínicas.
Uno de los casos más preocupantes se refiere a la construcción de hospitales y clínicas en áreas rurales, donde la falta de infraestructura médica adecuada es una urgencia crítica. Sin embargo, varios de estos proyectos están inconclusos o presentan serias deficiencias estructurales, y los fondos destinados para su finalización parecen haber desaparecido.
Las carreteras inauguradas también muestran signos de deterioro prematuro, reflejando la falta de supervisión en la entrega de contratos a empresas sin experiencia.
Las sospechas de enriquecimiento ilícito en la administración de Rutilio Escandón no son nuevas, funcionarios de alto rango, incluidos secretarios y directores de dependencias estatales, han visto incrementos significativos en su patrimonio desde que asumieron sus cargos.
Casos destacados, como el del exsecretario de Obras Públicas, que adquirió propiedades en zonas exclusivas de Chiapas, han sido objeto de atención mediática, pero no de investigación.
La Fiscalía Anticorrupción del estado ha recibido denuncias, pero la falta de acciones concretas ha alimentado la percepción de impunidad con la compra de propiedades en destinos turísticos, vehículos de lujo y la apertura de negocios por parte de familiares de funcionarios refuerzan la idea de que la corrupción en Chiapas no solo implica la gestión pública, sino también beneficios privados para un círculo.
Una investigación del Sistema de Administración Tributaria en 2020 reveló irregularidades en contratos otorgados por la administración de Escandón a empresas que facturan operaciones simuladas, por un monto total de 2,576 millones de pesos. Este caso, junto con las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, evidencian el uso de empresas “factureras”.
Esto demuestra que la administración de Escandón Cadenas, debe ser revisada con lupa para saber si hay desvíos de recursos para campañas políticas o para el enriquecimiento ilícito de su círculo cercano y él.
