Francisco Garfias.
Ya dió color el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está al servicio del régimen y no de los ciudadanos.
Dió luz verde al INE para que organice la elección por “voto popular” de jueces, magistrados y ministros.
La elección de juzgadores es la parte medular de la Reforma Judicial que heredó AMLO al oficialismo para eliminar contrapesos al Ejecutivo.
A los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, les valió sombrilla que existan suspensiones a la citada Reforma.
Saben que no han sido no acatadas ni por el Ejecutivo, ni por la mayoría oficialista en el Congreso, pero eso es lo de menos.
Mis respetos a los magistrados Janine Otalora y Reyes Rodríguez por su voto en contra de este “justicidio” que deja a los mexicanos sin la posibilidad de defenderse de reformas constitucionales que dañan la democracia.
En el INE acusaron recibo y de inmediato reactivaron la organización de la elección de juzgadores, que habían interrumpido para no caer en desacato.
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En el Senado también le hicieron la tarea a la cuatroté. Senadores del oficialismo aprobaron en comisiones el proyecto de Ley que declara inimpugnables las reformas constitucionales.
Ya no será posible presentar amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias contra cambios a la Carta Magna aprobados por el Congreso.
“Si se establece en la Constitución tortura, tratos inhumanos, esclavitud, pena de muerte ¿No es impugnable?”, preguntó el senador del PAN, Ricardo Anaya.
El panista agregó: “No están reformando para el futuro de la República, están reformando para su pleito personal de corto plazo con esta Corte que hoy está en funciones.”
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Algo que sí hay que celebrar –hasta la oposición lo reconoció– es el retiro de la reforma al artículo 1º de la Constitución que contravenía los tratados internacionales probados y ratificados por el Estado mexicano.
Se retiró, dicen los morenistas, con la finalidad de no de no desvirtuar la naturaleza jurídica y la aplicabilidad del sistema convencional de protección a los derechos humanos.
En la larguísima sesión –cinco horas—Adán Augusto López Hernández, líder de la mayoría, se dio un agarrón con el senador Marko Cortés.
El panista cuestionó el albazo del oficialismo que, en fast track quiere aprobar el blindaje de las reformas constitucionales que apruebe la mayoría.
“El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años para que tengan una mayoría calificada y puedan revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado”, reviró, burlón, Adán.
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El Partido Verde investiga el origen del falso comunicado que manifiesta su rechazo al dictamen sobre la supremacía constitucional del poder reformador.
“Se armó un teléfono descompuesto. Lo que sí es real es que Arturo Escobar subió un tuit a su cuenta personal, donde dijo que estaba en contra de esta iniciativa”, nos dijo el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.
Y dejó claro: “nosotros, como partido, vamos a apoyarla. En diputados estamos atentos a lo que pase en el Senado, pero no estamos en contra y no es un comunicado oficial”
El falso comunicado cogió tal fuerza que el Verde se vió obligado a difundir un desmentido para reafirmar que “apoya el proyecto de la Dra. Claudia Sheinbaum y la 4T, en beneficio de la Nación.”
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La iglesia católica ya le entró al tema. El Episcopado expresó su profunda preocupación por la “polarización sin precedentes” derivada de la reforma al Poder Judicial.
“La falta de diálogo y acuerdo entre diversos poderes del Estado respecto a disposiciones judiciales, puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional”, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal.
Y agrega que la reforma en cuestión “compromete la confianza en nuestro país y amenaza la estabilidad del Estado de Derecho”.
La iglesia considera que una reforma de ese calado “debe ser más ampliamente discutida y analizada por el Poder Legislativo”.
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Los trabajadores del Poder Judicial no bajan las manos. No sólo siguen en paro laboral, sino que buscan establecer un diálogo con las distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso.
Una comisión que los representa, encabezada por la vocera Patricia Aguado, estuvo ayer en la Cámara de Diputados para exponer sus preocupaciones respecto a las condiciones laborales que se derivan de la Reforma Judicial.
El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, informó que no sólo Acción Nacional, sino otras fracciones parlamentarias, trabajan en un producto legislativo que brinde certeza jurídica a las prestaciones laborales de los inconformes.
La vocera, Patricia Aguayo, agradeció que las bancadas del PAN y de MC le haya abierto las puertas de la Cámara Baja a los trabajadores. Se congratuló también de la “apertura” mostrada por el morenista, Ricardo Monreal.
Más tarde se supo que el Consejo de la Judicatura ordenó reanudar labores de los trabajadores en paro, so pena de descuentos a su salario.
FIN.
