Raúl Flores Martínez.
Chiapas atraviesa una profunda crisis de inseguridad, derivada de la disputa entre cárteles del narcotráfico por el control de un corredor estratégico que conecta Sudamérica y Centroamérica, atravesando México hacia Estados Unidos.
Este corredor es una vía crucial para el crimen organizado, ya que genera miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través del tráfico de drogas, trata de personas, secuestro de migrantes y el cultivo de coca en la frontera con Guatemala.
No es un secreto que la situación se ha agravado bajo el mandato del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señalado de complicidad con estos grupos criminales.
En este escenario de violencia, los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Pacífico/Sinaloa (CDP) han fortalecido alianzas con organizaciones locales e internacionales, como las Maras y los Huistas de Guatemala y El Salvador, para controlar varias comunidades chiapanecas mediante la extorsión, despojo de tierras, y cobro de piso.
Entre los grupos que se disputan centímetros de tierra chiapaneca, destacan “El Cártel de San Juan Chamula”, “Los Motonetos”, “Los Herreras”, “Los Machetes”, “El Maíz”.
Hemos constatado la grave situación de San Cristóbal de las Casas, donde los “Motonetos”, una de las facciones criminales que controlan la Zona Norte del mercado de este municipio, imponen su dominio a través del miedo.
Los comercios han sido cerrados y con circulares exigen el pago de cuotas para poder operar. Desde la llegada del equipo de Grupo Imagen, fueron seguidos por jóvenes vestidos de negro, quienes monitoreaban cada uno de sus movimientos a través de WhatsApp.
Los “Motonetos”, compuestos por jóvenes de no más de 25 años que reciben un salario semanal de tres mil pesos, están involucrados en delitos como la trata de personas, prostitución, etnopornografía (especialmente con mujeres indígenas), cobro de piso y homicidios.
Un claro ejemplo de los crímenes más impactantes fue el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, un defensor de los derechos de los desplazados en Chiapas, perpetrado por “Los Herreras”, un grupo de sicarios cuyas edades no superan los 22 años.
Esta muerte hizo reaccionar a la iglesia católica a través de Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca/ Secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de un video pidió a los tres niveles de gobierno combatir la violencia de la entidad.
Estos hechos violentos son una constante en la región, donde ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez son consideradas por la ciudadanía, como las ciudades más inseguras de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La sombra del crimen organizado se extiende sobre Chiapas, en un entorno donde la complicidad gubernamental y la impunidad permiten que el crimen organizado y sus redes de violencia sigan dominando el panorama del estado ante la complacencia de Rutilio Escandón Cadenas qué no se pronuncia ante la extrema violencia que genera la delincuencia organizada.
