México.- El Grupo Parlamentario del PT, coordinado por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, presentará la solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en lo referente a la suspensión de la reforma judicial, han atacado a instituciones democráticas y violentado la supremacía constitucional.
En conferencia de prensa el diputado Ricardo Mejía Berdeja detalló que las y los ministros sujetos de esta solicitud son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte.
“Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo federal. Violaron la Constitución Política que juraron cumplir y hacer cumplir”, expuso el legislador.
Reiteró que las y los ministros han violentado la supremacía constitucional, ya que la Carta Magna establece que no hay ley ni tratado por encima de ella, y que los cambios que se le hagan sólo serán facultad del supremo Poder reformador, “es la manera como la propia Constitución establece los cambios que deben promulgarse”.
“Después de la declaratoria de constitucionalidad se turna al Ejecutivo para la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese proceso de reforma constitucional se cumplió de manera escrupulosa. Sin embargo, desde la aprobación hubo medidas orquestadas: suspensiones ridículas de jueces, que iban desde impedir que se discutiera, incluso que no se publicara”, explicó.
También, dijo, una jueza llegó al extremo de ordenar que la reforma se eliminara del Diario Oficial de la Federación, “como si fuera un post de una red social. No, no es algo tan sencillo. Simplemente es el acto de publicidad, con la aprobación y promulgación ya es derecho positivo”.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil sostuvo que esta acción no solamente se emprende por voluntad de un grupo parlamentario, “sino porque hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político”.
Explicó que no existe una crisis constitucional, pues “no puede declararse inconstitucional la Constitución”. El proceso de la reforma judicial ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino también en las legislaturas de los estados.
“No puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula conferencia del Poder Judicial, los magistrados y la jueza de circuito aceptaron que ellos se basan en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierten”, comentó.
Dicho artículo establece que no procede ningún amparo en temas constitucionales y sobre asuntos irreparables; sin embargo, en su argumento el Poder Judicial dice: “es nuestro derecho poner un amparo, aceptarlo, y luego declarar inconstitucional el artículo 61”, lo que, en opinión de la legisladora, “es un completo absurdo”.
El diputado Santiago González Soto comentó que esta “guerra jurídica”, es más bien “legaloide”, porque en ninguna parte del proceso jurídico de la reforma judicial, desde que se aprobó en la Cámara de Diputados, se ha incurrido en irregularidades o ilegalidades como argumentan las y los jueces.
“Vamos en apoyo a la presidenta, en apego a la Constitución, y con el apoyo del pueblo, al juicio político en contra de los representantes que se han opuesto a lo que el pueblo mandata con el Plan C”, afirmó.
En su oportunidad, el diputado Reginaldo Sandoval hizo hincapié en que la reforma judicial “sí va”, ya que las determinaciones de las y los jueces no tienen ninguna validez. Por ello, el pasado 16 de octubre el Senado de la República aprobó la convocatoria para elegir a ministros, magistrados y jueces en 2025.
Detalló que el 31 de octubre los tres Poderes instalarán sus comités de evaluación. El 4 de noviembre se publicará la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulantes; y del 5 al 24 del mismo mes, será el plazo para inscribirse a las convocatorias emitidas por los comités de evaluación.
Para el 14 de diciembre los comités verificarán que los aspirantes reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad, y al día siguiente, es decir el 15, se publicará el listado de personas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, abundó.
El 31 de enero de 2025 los comités de evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles. El 4 de febrero seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo y remitirán los listados correspondientes a la autoridad que representa cada Poder de la Unión. El 6 del mismo mes, mediante una sesión pública, harán los ajustes al número de postulaciones.
Para el 9 de febrero los listados depurados serán aprobados por los Poderes de la Unión y remitidos al Senado de la República. El 12, el Senado entregará los listados y expedientes de las personas postuladas para remitirlos al Instituto Nacional Electoral.
“Así va el procedimiento, y no hay juez ni magistrado que detenga este proceso y esta marcha de la Cuarta Transformación, que es una revolución profunda”, aseveró el coordinador parlamentario.
Con información de la Cámara de Diputados
