Ni en sus tiempos de partido hegemónico el PRI se había atrevido a proponer algo parecido.
De buenas a primeras, el oficialismo presentó un proyecto de decreto para impedir a los juzgadores otorgar amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias contra reformas constitucionales aprobadas por el congreso.
Es la respuesta del autoritarismo a la resistencia que los juzgadores mantienen contra la muy controvertida reforma judicial que los manda la calle si no quieren participar en la elección “por voto popular” de jueces, magistrados y ministros que el oficialismo promueve para tener un poder judicial a modo.
En su lugar pondrá a candidatos que tengan ocho de promedio en su carrera y cartas de recomendación de cinco vecinos, como describió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en Harvard, lo que arrancó risas en Harvard que en Palacio Nacional tomaron como una “burla a los mexicanos.”
El daño al Poder Judicial se fraguó en la reunión a puerta cerrada, celebrada la mañana de ayer, en la que participaron las cúpulas parlamentarias de Morena en el Congreso
Asistieron los coordinadores de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández; en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Pero también los presidentes de la mesas directivas en ambos órganos legislativos, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna respectivamente.
Los cuatro firman el proyecto de decreto, que reforma el 2o párrafo del artículo 1o de la Constitución, sobre Derechos Humanos; adiciona un último párrafo al 103 y al 105; y reforma el párrafo primero, fracción II, del 107.
Adán Augusto presentó el proyecto al pleno en la sesión de ayer. Dijo en tribuna:
“Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de la constitucionalidad, mediante recursos establecidos por la Ley”.
Según Adán, las normas que componen la Carta Magna son la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control constitucional.
No todos los legisladores de Morena están de acuerdo con el proyecto. “Ese es el resultado de dar tanto poder a una sola persona. Nos estamos convirtiendo en oficialía de partes”, confesó un senador de Morena. “Es un manotazo”, agregó.
Otro pronosticó que “con todo esto” ningún partido volverá a tener una mayoría calificada en el Congreso dentro de tres años. Uno más se excusó: “no la he leído, no puedo opinar.”
Los nombres me los guardo por obvias razones.
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La oposición no tardó en reaccionar. La bancada del PAN fue la primera. La coordinadora de la bancada azul en la Cámara Alta, Guadalupe Murguía, dijo:
“Tal pareciera que cualquier reforma a la Constitución, por el hecho de ser aprobada por la mayoría oficialista, ya es inimpugnable.”
Hizo notar que la modificación que pretenden hacer al artículo primero de la Carta Magna es “claramente violatoria” de los tratados internacionales de los que México es parte.
El senador Ricardo Anaya, en entrevista por separado, alertó: “hay que entenderlo. Este es un paso gigantesco hacia la consolidación de un régimen de corte autoritario”
El ex candidato presidencial del PAN destacó:
“El hecho de que hayan presentado esta iniciativa implica que están reconociendo que, respecto de la reforma judicial, hoy la Suprema Corte de Justicia sí se puede pronunciar, tanto a través de controversias, como de acciones de inconstitucionalidad”.
Alito Moreno, PRI, dijo que el proyecto, que se perfila para ser ley, deja un poder político sin límites. “Viola el principio de no retroactividad y el de pro persona, al cerrar procesos de amparo ya en curso”, puntualizó.
El senador de MC, Clemente Castañeda, fue elocuente. “Es la reforma más peligrosa para el orden jurídico en la historia”, destacó.
Va, como ejemplo, lo que el oficialismo proyecta agregar al artículo 105 de la Constitución:
“Son improcedentes las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo y legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes.”
Y al 107:
“No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Al modificar a modo el Poder Judicial y tener bajo control el Poder Legislativo, el Ejecutivo tiene los ingredientes para consolidar la autocracia perfecta.
FIN.
