Francisco Garfias.
Se le complica a la presidenta Sheinbaum la papa caliente que le heredó AMLO. El pleito entre poderes por la reforma judicial augura una crisis constitucional.
El paro de jueces, magistrados y trabajadores de poder judicial se prolonga indefinidamente. El rezago en la aplicación de la justicia se multiplica.
La presidenta pone el mal ejemplo y desacata la suspensión definitiva de la juez Nancy Juárez, para bajar del Diario Oficial la mencionada reforma.
Dice que la juzgadora no tiene atribuciones para eliminar la reforma Judicial, ni puede estar por encima del “pueblo”, palabra mágica para justificar atropellos.
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Es un pleito disparejo. Dos poderes contra uno. El Ejecutivo y el Legislativo contra el Judicial. Los dos primeros tienen la fuerza pública para imponer la reforma que propone la eleccion de jueces, magistrados y ministros. Al tercero le asiste la fuerza de la razón.
Es un engaño argumentar que la reforma es para democratizar al poder judicial y acabar con la corrupción. El voto no purifica la condición humana. Si así fuera, no tendríamos presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados corruptos.
Lo peor: la reforma fue concebida por AMLO para eliminar el contrapeso más efectivo que tuvo en su sexenio y poner jueces modo de la Cuatroté. Sheinbaum está resuelta a terminar la tarea aún a costa de la División de Poderes y el Estado de Derecho.
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La Suprema Corte de Justicia por fin rompió su “silencio ensordecedor” (el copyright es de Germán Martínez) frente al desacato de la presidenta de la República.
La ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, se refirió indirectamente a la desobediencia de la presidenta Sheinbaum, en la intervención que tuvo en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado”, dijo.
La ministra hizo suya la alerta lanzada ayer por la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito (JUFED):
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial; el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los mexicanos, sino que compromete la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país”.
Antes, la ministra Piña dijo:
“El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por eso que resulta de la mayor relevancia que este Congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo 21.”
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, respaldo implícitamente la postura de la presidenta de la SCJN.
En la misma tribuna señaló que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el robustecimiento del marco constitucional, son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo.
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La cuatroté ya agarró como piñata a la jueza Nancy Juárez por el ultimátum a la presidenta Sheinbaum: o elimina la reforma judicial en 24 horas o entera al Ministerio Público del desacato, que puede ser castigado hasta con siete años de cárcel.
En la mañanera del pueblo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, se aplicó en la triste tarea de ensuciar la trayectoria de la jueza.
Apoyada en una nota de Milenio sostuvo que en 2021, el Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras denuncias en su contra de doce servidores públicos. Dos años después la suspensión fue revocada y volvió a su puesto.
Y apoyada en “pesquisas” –así nomas– acusó a la juzgadora de incumplimiento en el horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y de no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano judicial, entre otras cosas.
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La jueza también habló. En una entrevista con Manuel Feregrino, en Radio Fórmula, aseguró que el argumento de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no tiene atribuciones, es totalmente falso.
“No es que una jueza esté por encima del pueblo. En México hay tres poderes federales. Cada uno con distintas facultades.
“Una de las facultades del Poder Judicial, entre tantas que se establecen en la Constitución (artículos 103 y 107), es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos arbitrarios de la autoridad que violen derechos humanos”, dijo.
A la jueza le llamó la atención que la presidenta, y el titular del Diario Oficial, no interpusieran ningún recurso legal en contra de la suspensión.
Las resoluciones están firmes, lo que debieron haber hecho es interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones.
“De no cumplirse, se rompe el estado de derecho y se traduce en una anarquía, donde cada quien va a hacer lo que quiera”, puntualizó.
Aquí la pregunta es ¿Quién va a hacer cumplir la sanción contra la presidenta? No se necesita un sesudo análisis para responder: nadie.
