Raúl Flores Martínez.
Cada visita al Panteón San José, que antes era un acto de consuelo para honrar la memoria de Guillermo Aguilar, ahora se ha transformado en un espacio de frustración y desconcierto.
La falta de respuestas precisas y el ir y venir entre oficinas sólo ha incrementado el dolor. Lo que debería ser un lugar de paz para los muertos se ha convertido en un campo de interrogantes sin resolver, que perturba la vida de quienes quedan atrás.
La Fiscalía de la Ciudad de México, que debería haber abordado el caso con rapidez y gravedad, parece haberlo relegado a un archivo más en la vasta pila de casos sin resolver. La posibilidad de que los restos hayan sido profanados o reemplazados con otros es una carga emocional devastadora para las hermanas, quienes, al enfrentar este proceso, no sólo han tenido que lidiar con el dolor de la pérdida, sino con el miedo de que la memoria. de su padre haya sido mancillada
El estrés emocional al que se enfrenta día a día es insostenible, cada conversación con un funcionario, cada reunión frustrada con la fiscalía y cada silencio administrativo añade una capa más de angustia.
Las hermanas no buscan más que una cosa: cerrar este capítulo de sus vidas con la certeza de que los restos de su padre se encuentran dónde deben estar, en su lugar de descanso final. Sin embargo, la negligencia institucional y la desaparición de los funcionarios clave en el caso han dejado todo en una nebulosa de imprecisiones.
El caso de las hermanas Aguilar Funes evidencia una problemática mayor: la falta de cuidado y supervisión en muchos de los servicios públicos, donde la dignidad de los muertos y el respeto por sus seres queridos parece ser una prioridad secundaria. Esta lucha, que se extiende ya por dos años, es un ejemplo doloroso de la indiferencia que, en ocasiones, permea las instancias que deben garantizar la justicia.
